El PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y EL FAMOSO LEMA DE "ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR..."(Por Ezequiel Espina)

Como es de público conocimiento, se ha suscitado una fuerte polémica en torno al protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones publicas, para quienes no han logrado dar con dicho documento pueden hacerlo desde aquí .

La brecha que hoy divide a los argentinos reside en la tolerancia que nuestro pueblo tiene para con las medidas de fuerza adoptadas por los manifestantes en espacios públicos. Los reiterados cortes de rutas, calles o accesos son algo habitual en nuestros días, en donde se pone en juego el Derecho de manifestarse pacíficamente y el Derecho de transitar libremente. Siendo que formalmente los Derechos contenidos en nuestra Constitución poseen el mismo rango, esto es que no hay ninguno por sobre otro, pero es la práctica la que lo nivela en cuanto a la legitimidad de uno u otro. Y es en el marco de estos contra pesos, en donde existe una puja entre los reclamos de un sector que pide la atención de una necesidad, y la exigencia de otros sectores de hacer valer su Derecho a transitar libremente. En este contexto, la intervención de los agentes políticos es determinante, pero así lo es también el proceder en sus actos.

¿Qué es un Derecho? Es una facultad concedida o reconocida por el Estado que permite el goce de los ciudadanos. Manifestarse de forma pública es uno de ellos. 

Ahora... ¿Qué limites tienen los Derechos? Sin ánimos de entrar a una exhaustiva discusión doctrinaria, nadie podría ejercer una conducta abusiva de su Derecho, esto es afectar a terceros o al orden público.

¿Cómo se resuelve el conflicto de Derechos? Sin lugar a dudas estamos ante uno de los interrogantes más polémicos, ya que cuando dos Derechos colisionan lo que nuestra lógica apunta es que  alguno de las partes esta realizando una práctica abusiva o ilegal. Sin ningún tipo de dudas, los manifestantes que afectan la libre circulación por rutas, calles o accesos, incurren en un ilícito o abuso del Derecho, pero la realidad es que la ecuación lógica no es tan simple como podríamos esperar.

La cuestión a pensar es el motivo por el cual existen manifestaciones públicas, o más precisamente reglamos. En primer lugar debemos advertir que nuestra legislación nacional afortunadamente recepta los Tratados Internacionales y les otorga jerarquía constitucional, con esto reconocemos por ejemplo el derecho a una vivienda digna. Lo malo de esto, es que nuestro Estado desde su reconocimiento nunca pudo (o quiso) atender estos Derechos consagrados que se traducen como deberes del Estado. De esta forma, ante situaciones de extrema necesidad, los individuos tienden a agruparse en cuanto a sus necesidades y utilizar un medio de atención rápida de acceso a la agenda de los funcionarios políticos a fin de atender sus necesidades o reclamos. El problema de estos medios es que frecuentemente se recurre a la utilización del pueblo como "rehén", menoscabando sus Derechos y hasta ocasionando perjuicios de distinta índole.  

Frente a tal panorama, y en vistas de que las negociaciones o bien demoran o carecen de un acuerdo, la puja social por desafectar las vías de circulación se hacen más masivas. 

¿Qué consecuencias tiene el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad? Como sabemos, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, esto es, que es el único legitimado para utilizar la fuerza en virtud de la consecución de una prerrogativa Estatal. El medio para materializar dicha facultad es mediante la intervención de los cuerpos policiales, ergo, balas de goma, palos y escudos son entonces utilizados para la represión. Y como esta última `palabra indica, no se trata de ninguna medida pacífica en términos del no uso de la violencia Estatal.

Entonces la lógica opera de la siguiente forma: el Estado niega un Derecho, luego los individuos reclaman, frente a la inoperancia Estatal los individuos hacen uso de una medida de fuerza extrema atentando contra los Derechos de sus pares, luego el descontento social presiona para que cese la medida violatoria de sus Derechos, y es así como opera la legitimación indirecta de la represión de las Fuerzas de Seguridad. Llamo "legitimación indirecta" ya que no se logra a partir de una aceptación de la medida por sí misma, sino como un medio para la consecución de un fin que no es otro que restablecer el libre goce de los Derechos afectados, en este caso la libre circulación.

¿Tiene solución esta dicótoma? Personalmente considero que sí, por un lado, nuestros gobernantes deberían estar más preocupados e invertir más tiempo en buscar la forma de lograr satisfacer todas las necesidades que nuestra legislación consagra, recuerden siempre que nuestros Derechos son deberes del Estado.
Por otra parte, considero que cualquier colectivo de personas que se encuentren en situación de reclamo, deberían adoptar medidas que provoquen la adhesión popular en lugar de "usarlos" o "afectarlos" para recibir atención de los gobernantes, así podrían lograr una legitimidad total de su medida y/o reclamo.
Quiero poner como ejemplo la marcha convocada con el lema "Ni una menos" como icono indiscutible en este último tiempo de lo que representa una medida que logró una legitimidad popular tan grande, que nadie salió a oponerse alegando que el corte de calle afectando la libre circulación era igual o más importante que dicho reclamo. Es con esto que la fórmula adoptada significó un éxito en cuanto a la adhesión que legitimó un reclamo por más que utilice una una medida violatoria de Derechos como lo es la libre circulación de rutas y calles.
Imaginen que el implemento de medios de adhesión social no solo en más rápido para acceder a la atención de la agenda política, sino porque además puede solucionarse el problema de fondo, porque se trata de un colectivo amplio que espera una verdadera solución del conflicto y no va a legitimar indirectamente los medios de represión como lamentablemente hoy ocurre.

Y ustedes... ¿qué piensan?