La respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hace esperar aún, y con ello distintos actores de peso de la política nacional especulan con lo que serán las posibles consecuencias de dicho fallo. Estas opiniones pueden conjugarse como una suerte de presión institucional al órgano máximo de Justicia de nuestro país, teniendo en cuenta que los referentes que se pronuncian a favor o contra de la resolución resultan ser importantes periodistas, especialistas e inclusos funcionarios públicos en ejercicio.
Debemos dimensionar que el pronunciamiento de fondo de la Corte significa la posibilidad de continuar con un modelo de la administración pública, o bien re adecuar el rumbo sobre la marcha.
El aumento de los servicios básicos no es una cuestión menor, ya que el acceso a ellos es un Derecho básico que debe ser garantizado por el Estado, pero por si esto fuera poco, un aumento considerable, sin que signifique una privación del servicio, repercute fuertemente en los costos de producción, lo que conlleva a un proceso inflacionario importante. Agreguemos además que estamos ante un contexto en el cual los sueldos no se ajustan equitativamente a los indices de inflación del mercado en los distintos rubros, por lo que se traducen como una seria reducción al poder adquisitivo y consecuente baja del consumo que tanto afecta a la economía en sus distintos niveles.
Jorge Lanata, uno de los referentes periodísticos de la política actual, veló por una interpretación "política" de la norma jurídica en cuestión, en tenor a que este aumento de las tarifas pueda continuar el rumbo del plan político de la gestión actual de gobierno. En tal sentido, entiendo que el pedido del periodista se basa en la interpretación del contexto actual del país para la aplicación efectiva del proyecto de Estado propuesto por el Presidente Mauricio Macri. En dicho requerimiento suscitado por Lanata, inteligente a priori, se esconde un peligroso principio: "el fin justifica los medios". En este marco, olvida claramente el principio de "razonabilidad" a la cual debe atender cualquier medida de Estado, que debe prever la menor afectación posible de Derechos, y en esta línea, suena difícil de concebir que con la quita de retención a las exportaciones de determinados sectores, esto se traduzca como una medida "razonable".
Por otra parte, el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, expresó en una entrevista que un fallo contrario a la aplicación de la suba de las tarifas significaría de inocente?) en cuanto a que no efectúa un juicio en base al principio de "razonabilidad". ¿Por qué pensar que frente a una maniobra de ajuste el sacrificado deba ser el pueblo? Nuevamente podríamos pensar medidas para solventar ese faltante como incremento al impuesto a los fondos especulativos, a los capitales concentrados, a las exportaciones, reducción del sueldo de los puestos políticos de alto rango, dejar de eximir a los Jueces del Impuesto a las Ganancias, etc.
un serió menoscabo a la economía, siendo que ese dinero faltante debería "quitarse" de otras áreas como por ejemplo la Obra Pública. La lectura del Ministro no deja de ser certera, pero peca (¿
¿Usted qué piensa?
Comentarios
Publicar un comentario