El reciente aumento en las retribuciones del Poder Legislativo y el Poder Judicial da que hablar y mucho en el marco de un estado de crisis que sobrelleva la Nación, más aun considerando la imposibilidad que muchas organizaciones denunciaron de no poder hacer frente al bono acordado a fin de año para los trabajadores.
Si bien la suba se ajusta a derecho conforme a la normativa en la materia, me dispongo a expresar porque considero de esta una maniobra claramente contraría a los intereses de la Nación.
En primer punto, la suma acordada, estimada en 12% para el Poder Judicial y de hasta un 70% en
el Poder Legislativo (contemplando sueldo neto, desarraigo, etc), beneficia también a los escalafones más bajos de los empleados de justicia. En tal sentido podemos considerar justo un aumento para un empleado que debe hacer frente a los gastos que cada vez son más altos pero, consideremos que la proporcionalidad de la suba no es equitativa. Con esto me refiero a que los cargos de magistrados y legisladores de alto rango de la función pública están recibiendo un importante incremento en su poder adquisitivo en tanto sus sueldos son más altos.
De esta forma, si bien estos órganos están facultados para modificar y adecuar sus haberes, la realidad es que el mecanismo no es equitativo en tanto el beneficio mayor sigue siendo para quienes más tienen. Esto significa que los fondos públicos se distribuyen de una manera irrazonable a la hora de hacer frente a los derechos que implican una retribución justa por el desempeño, sin ánimos de desmerecer la tarea de los altos funcionarios, pero a sabiendas de que un congelamiento de su sueldo no significa un menoscabo importante a su estilo de vida por demás cómodo y llevadero.
Por último, y en clara contraposición a los intereses populares, los trabajadores ya sea en el ámbito público y privado no podrán gozar del tan recurrido "bono" de fin de año. Esto demarca que las arcas (en el caso que nos atañe, las públicas) no están en condiciones de afrontar una obligación para las clases más populares, pero si para satisfacer las demandas del órgano más antidemocratico como lo es el Poder Judicial, y del Poder legislativo, que paradogicamente es el órgano representante de las Provincias y del Pueblo de la Nación.
¿Usted qué piensa?
Mas que "ajustar a derecho", parece un "sálvese quien pueda". Este aumento es como mínimo estúpidamente inoportuno.
ResponderEliminar