Hasta la fecha se mantiene vigente la Ley de Movilidad (Ley 26.417), que otorga dos aumentos anuales (marzo y septiembre).
El cálculo se basa en un promedio entre las variaciones que produce la recaudación de los recursos tributarios del SIPE (Sistema Integral Provisional Argentino) y el índice general de salarios del INDEC o la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables que determina (de estas últimas dos se aplica la mas favorable).
De esta forma se asegura que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios y el aumento de los ingresos al sistema provisional.
¿QUÉ PRETENDE HACER EL GOBIERNO CON ESTA REFORMA?
El gobierno busca cambiar esa fórmula y si bien se estiman mayor cantidad de aumentos (cuatro aumentos trimestrales), los mismos contemplan únicamente la inflación del trimestre último anterior al aumento correspondiente.
¿QUÉ IMPACTO TIENE EN EL HABER JUBILATORIO?
La nueva Ley implicaría una baja en los ingresos tanto de los jubilados como de los beneficiarios de las Asignación Universal por Hijo. Según se estima, la pérdida sería de un 10% aproximadamente, viéndose así sumamente afectados los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
¿CÓMO PRETENDE EL GOBIERNO COMPENSAR ESTA SITUACIÓN?
Luego del fallido intento por debatir la Ley en las secciones extraordinarias del pasado jueves, se resolvió incluir un “bono compensatorio”.
El bono será solo para los jubilados que cobren haberes menores a 10 mil pesos. El monto equivale al ingreso que perderían en el primer trimestre del año por el empalme del cambio de fórmula para calcular las jubilaciones. Los jubilados con 30 años de aportes cobrarán $750. Quienes no cumplen con ese requisito, cobrarán $375, la mitad. Los 3,9 millones de beneficiarios de AUH recibirán cerca de $400.
¿POR QUÉ SE PRETENDE ESTA REFORMA?
En el marco de las políticas de disminución del gasto público, este intento legislativo permitiría reducir hasta unos $100.000 millones de las erogaciones corrientes del Estado.
¿ES ACERTADA ESTA MANIOBRA POLÍTICA?
Lo primero que tenemos que considerar es que la fórmula de aumentos vigentes del sistema provisional no es sustentable, eso es una realidad, ya que representa un déficit difícil de sostener. Sin perjuicio de ello, debemos considerar que los Derechos no pueden medirse por su “sustentabilidad económica”.
El acceso de los sectores más vulnerables a una vida digna no se puede sacrificar en nombre de la sustentabilidad, es por ello que el Estado en su potestad de recaudación debería analizar los medios para nivelar la balanza de gastos sin afectar los Derechos de la franja más empobrecidas.
La quita de retenciones a las importaciones, reducción del impuesto a los vehículos de alta gama y la condonación de deudas a las empresas privadas son medidas que resultan contrarias a pensar que estemos ante un gobierno que dirige su política con vistas a políticas de equidad social.
¿USTED QUÉ PIENSA?
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