viernes, 19 de febrero de 2016

El PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y EL FAMOSO LEMA DE "ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR..."(Por Ezequiel Espina)


Como es de público conocimiento, se ha suscitado una fuerte polémica en torno al protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones publicas, para quienes no han logrado dar con dicho documento pueden hacerlo desde aquí .
La brecha que hoy divide a los argentinos reside en la tolerancia que nuestro pueblo tiene para con las medidas de fuerza adoptadas por los manifestantes en espacios públicos. Los reiterados cortes de rutas, calles o accesos son algo habitual en nuestros días, en donde se pone en juego el Derecho de manifestarse pacíficamente y el Derecho de transitar libremente. Siendo que formalmente los Derechos contenidos en nuestra Constitución poseen el mismo rango, esto es que no hay ninguno por sobre otro, pero es la práctica la que lo nivela en cuanto a la legitimidad de uno u otro. Y es en el marco de estos contra pesos, en donde existe una puja entre los reclamos de un sector que pide la atención de una necesidad, y la exigencia de otros sectores de hacer valer su Derecho a transitar libremente. En este contexto, la intervención de los agentes políticos es determinante, pero así lo es también el proceder en sus actos.
¿Qué es un Derecho? Es una facultad concedida o reconocida por el Estado que permite el goce de los ciudadanos. Manifestarse de forma pública es uno de ellos. 
Ahora... ¿Qué limites tienen los Derechos? Sin ánimos de entrar a una exhaustiva discusión doctrinaria, nadie podría ejercer una conducta abusiva de su Derecho, esto es afectar a terceros o al orden público.
¿Cómo se resuelve el conflicto de Derechos? Sin lugar a dudas estamos ante uno de los interrogantes más polémicos, ya que cuando dos Derechos colisionan lo que nuestra lógica apunta es que  alguno de las partes esta realizando una práctica abusiva o ilegal. Sin ningún tipo de dudas, los manifestantes que afectan la libre circulación por rutas, calles o accesos, incurren en un ilícito o abuso del Derecho, pero la realidad es que la ecuación lógica no es tan simple como podríamos esperar.
La cuestión a pensar es el motivo por el cual existen manifestaciones públicas, o más precisamente reglamos. En primer lugar debemos advertir que nuestra legislación nacional afortunadamente recepta los Tratados Internacionales y les otorga jerarquía constitucional, con esto reconocemos por ejemplo el derecho a una vivienda digna. Lo malo de esto, es que nuestro Estado desde su reconocimiento nunca pudo (o quiso) atender estos Derechos consagrados que se traducen como deberes del Estado. De esta forma, ante situaciones de extrema necesidad, los individuos tienden a agruparse en cuanto a sus necesidades y utilizar un medio de atención rápida de acceso a la agenda de los funcionarios políticos a fin de atender sus necesidades o reclamos. El problema de estos medios es que frecuentemente se recurre a la utilización del pueblo como "rehén", menoscabando sus Derechos y hasta ocasionando perjuicios de distinta índole.  
Frente a tal panorama, y en vistas de que las negociaciones o bien demoran o carecen de un acuerdo, la puja social por desafectar las vías de circulación se hacen más masivas. 
¿Qué consecuencias tiene el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad? Como sabemos, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, esto es, que es el único legitimado para utilizar la fuerza en virtud de la consecución de una prerrogativa Estatal. El medio para materializar dicha facultad es mediante la intervención de los cuerpos policiales, ergo, balas de goma, palos y escudos son entonces utilizados para la represión. Y como esta última `palabra indica, no se trata de ninguna medida pacífica en términos del no uso de la violencia Estatal.
Entonces la lógica opera de la siguiente forma: el Estado niega un Derecho, luego los individuos reclaman, frente a la inoperancia Estatal los individuos hacen uso de una medida de fuerza extrema atentando contra los Derechos de sus pares, luego el descontento social presiona para que cese la medida violatoria de sus Derechos, y es así como opera la legitimación indirecta de la represión de las Fuerzas de Seguridad. Llamo "legitimación indirecta" ya que no se logra a partir de una aceptación de la medida por sí misma, sino como un medio para la consecución de un fin que no es otro que restablecer el libre goce de los Derechos afectados, en este caso la libre circulación.
¿Tiene solución esta dicótoma? Personalmente considero que sí, por un lado, nuestros gobernantes deberían estar más preocupados e invertir más tiempo en buscar la forma de lograr satisfacer todas las necesidades que nuestra legislación consagra, recuerden siempre que nuestros Derechos son deberes del Estado.
Por otra parte, considero que cualquier colectivo de personas que se encuentren en situación de reclamo, deberían adoptar medidas que provoquen la adhesión popular en lugar de "usarlos" o "afectarlos" para recibir atención de los gobernantes, así podrían lograr una legitimidad total de su medida y/o reclamo.
Quiero poner como ejemplo la marcha convocada con el lema "Ni una menos" como icono indiscutible en este último tiempo de lo que representa una medida que logró una legitimidad popular tan grande, que nadie salió a oponerse alegando que el corte de calle afectando la libre circulación era igual o más importante que dicho reclamo. Es con esto que la fórmula adoptada significó un éxito en cuanto a la adhesión que legitimó un reclamo por más que utilice una una medida violatoria de Derechos como lo es la libre circulación de rutas y calles.
Imaginen que el implemento de medios de adhesión social no solo en más rápido para acceder a la atención de la agenda política, sino porque además puede solucionarse el problema de fondo, porque se trata de un colectivo amplio que espera una verdadera solución del conflicto y no va a legitimar indirectamente los medios de represión como lamentablemente hoy ocurre.

Y ustedes... ¿qué piensan? 

lunes, 1 de febrero de 2016

Fuera ñoquis: receta para justificar los despidos del sector público... (Por Ezequiel Espina)

La nueva polémica que involucra a la gestión del nuevo gobierno Nacional, gira en torno a la justificación de los recientes despidos del sector público, la dicotomía es clara: 
¿AJUSTE O RE-ORGANIZACIÓN?
Entre las principales críticas de los sectores que abogaban por un cambio en el gobierno nacional se encontraban las quejas por la amplitud del Estado y por ende, la contratación masiva de personal para tareas del sector público, que en su mayoría se consideraba que se trataba de acomodaciones de individuos afines a la bandera política del gobierno de turno y se los acusaba de recibir un salario sin efectuar las tareas encomendadas. 
Bajo el eslogan de "echar ñoquis", esto es, revisar contrataciones y vínculos laborales recientes para corroborar la existencia de prestación de tareas, y caso contrario efectuar el despido, es que el gobierno actual conforme al Decreto  254/2015, faculta a  "Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal". De esta forma legitima los despidos del sector público mediante un Decreto que reduce la imagen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para justificar los despidos a partir de la revisión de procesos concursales y de seleccion de personal,  asegurando condiciones de conducta e idoneidad para el cargo y velando por el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
Entre las contradicciones que deseo resaltar, se encuentran las siguientes:
-Celeridad en el proceso de revisión: contrariamente a lo que uno podría esperar como respuesta estatal, dentro del primer mes de de gestión el número arrojado de finalización de vínculos laborales asciende a 24.094 entre los distintos ordenes del Estado (chequear datos en https://infogr.am/despidos_pro-6274). Asombra la "eficacia" y "celeridad" de la revisión de algo tan delicado como es la fuente de subsistencia de todo ciudadano: su trabajo. Con esto no quiero condenar el accionar del gobierno de turno, pero no puedo esconder mis sospechas para con el mecanismo de corroboración de tal tarea. 
-Efectivicaión del objetivo "Pobreza 0": siendo que es uno de los objetivos presentados en la plataforma de propuestas de la actual conducción del Poder Ejecutivo Nacional, llama poderosamente la atención la evidente contradicción que representa combatir la pobreza a partir de despidos. Es obvio que una persona que no tiene trabajo pasa automáticamente a formar parte del índice de desocupación y por ende a ubicarse por debajo de la linea de pobreza. Recordemos que no estamos hablando de una re-asignación de tareas o de re-ubicación, sino de la finalización del vinculo laboral.
-Implementación de un Estado Liberal bajo el lema de "eliminar ñoquis": entra en juego aquí la concepción del rol del Estado que concibamos más pertinente para nuestra sociedad, podemos pensar en un Estado amplio que trate de abarcar la atención de la mayor cantidad de necesidades humanas (salud, trabajo, educación, transporte, etc), o bien, un Estado que vele por las libertades negativas, esto es la no interferencia del Estado en la órbita privada del individuo. Para que se de este último, el Estado debe correrse y dar paso a las reglas de mercado para apliquen un equilibrio en la justa distribución de riquezas, es por ello que el Estado debe funcionar como una empresa, esto es, desafectandose de todo aquello que produzca "déficit" (por ejemplo algunas empresas del Estado como es el caso de Aerolíneas Argentinas). Desde este punto de vista, se justifica la ola de despidos, ya que el manejo de la cosa pública representa una administración deficiente, ¿qué mejor entonces que dejarlo en manos de privados? Bajo este principio, se debe reducir el personal de la planta de trabajadores del Estado, ya que si el Estado reduce sus ámbitos de acción, necesariamente debe bajar el número de contrataciones. Este es un mito generalizado que permite a las banderas políticas de Derecha alzarse como alternativa de implementación de soluciones para las crisis económicas, pero los invito a reflexionar a partir de las palabras de  Claudia Bernazza: 
“Presentar la idea de un Estado lento y supernumerario fue necesario para generar un clima de opinión que permitiera llevar adelante determinadas medidas de ajuste. Hubo un Estado de Bienestar que posiblemente no tuvo el cuidado suficiente para agilizar su administración, lo que fue aprovechado por las corporaciones para hacer su juego con el apoyo de los tanques en las calles en el pasado y el de los tanques mediáticos en el presente .Desde luego que el sector público tiene sus falencias. Pero también las tiene el sector privado, por caso, las empresas de telefonía móvil, y no son blanco de esas campañas de descrédito.” (ver 
http://www.eldiplo.org/200-despues-de-los-globos/el-empleo-publico-en-debate?token=&nID=1)
Bajo los puntos antes analizados, notaremos así también que es claro el mensaje para legitimar despidos y reducir así la capacidad de atención de necesidades sociales por el Estado, se debe identificar claramente el excedente de planta administrativa, llamese "ñoqui" o "grasa militante", la realidad es que le ha costado la fuente de supervivencia a muchos ciudadanos que hoy pasan a aumentar los indices de desempleo y que atentan claramente contra la receta para reducir los porcentajes de pobreza.
Debemos estar atentos, quizá bajo el lema de reorganización estatal estemos sufriendo una clara y peligrosa maniobra de ajuste del sector público, recuerden lo siguiente: 
mientras más pequeño es el Estado, menores necesidades públicas atiende...

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