sábado, 22 de julio de 2017

CON LOS CHICOS NO! (Por Ezequiel Espina)

Fue el pasado domingo cuando el Periodista Jorge Lanata puso al aire la entrevista realizada a "Polaquito", un niño del Gran Buenos Aires cuya vida atraviesa una difícil situación. Drogas, violencia, uso de armas y hechos delictivos que implicaban robos y homicidios son algunas de las facetas diarias que atraviesan la vida de este pequeño niño.
Debemos tener en consideración primero cual es el objetivo de la nota, pues ninguna producción periodística es neutra. Plantear que es solo una muestra de la realidad sin dimensionar las implicancias que ello tiene es falso, porque toda muestra de la realidad social tiene una intencionalidad política. 
En el presente caso, el señor Jorge Lanata podría intentar resguardarse bajo el fundamento de intentar "desvelar" la situación de desamparo de algunos jóvenes, o la tan clásica "falta de presencia estatal". Pero lo cierto es que con esto no solo que no esta colaborando con la situación de "Polaquito", sino que hecha más leña al fuego a la polémica cuestión de la baja de la edad de imputabilidad y estigmatiza aun más a los jóvenes en situación de pobreza. Más aun porque lo revelado en una entrevista puede no condecirse con la realidad, ¿por qué tenemos que creer que todo lo que allí se dice es verdadero? ¿Quién puede dar fe de la veracidad de ello? Pero a los responsables de la nota no les importó, ellos querían exponer a alguien como prototipo de la delincuencia, e hicieron lo más bajo que alguien puede hacer: exponer a un niño a su siniestro plan.
La ecuación es simple, si falta acción estatal debe producirse una respuesta del Estado frente al fenómeno, pero el problema es cuando esa decisión se inclina por la respuesta penal.
Este tipo de producciones lejos de colaborar con la causa son funcionales a un discurso de legitimación del aparato punitivo del Estado. Esto deja al desnudo el escaso respeto por los Derechos del niño. "Polaquito" es el objeto de un vergonzoso show mediático de legitimación discursiva en la esfera política. 
La demagogia no sede terreno, más recortes en materia social para ampliar la respuesta del aparato penal...

¿Usted qué piensa? 

viernes, 7 de julio de 2017

MANO DURA, DEMAGOGIA PURA... (Por Ezequiel Espina)

Acaba de sancionarse la modificación de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, más precisamente en lo que regula las salidas anticipadas de los internos.
Si bien esto se celebró como un nuevo triunfo de la "mano dura" contra la delincuencia y en favor de mayor seguridad para los ciudadanos, es menester hacer un análisis critico de la eficacia de la medida planteada.

¿QUÉ MOTIVÓ EL PLANTEO DE LA REFORMA?
La cuestión teniente al problema de la "inseguridad" es una constante en la agenda de la opinión pública producto de que la tasa de criminalidad parece acrecentarse día a día. 
Bajo el brazo de lideres políticos como Sergio Massa actuante como emblema de las políticas de restricción de Derechos en materia de ejecución penal y de proceso penal, se le quiere hacer creer a la población que con mayor castigo se lograrán reducir los indices de criminalidad en el país. Bajo este discurso,  en consonancia con las alianzas políticas previa a las elecciones y junto con aberrantes sucesos como el asesinato de Micaela Garcia, se forjó un clima optimo para avanzar en este tipo de legislación.

¿QUÉ PLANTEA LA REFORMA? 
El texto establece que no se podrán otorgar salidas anticipadas a los condenados por "violaciones a la integridad sexual, por torturas seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas y robo con arma de fuego y en banda".

¿ES JURÍDICAMENTE ACEPTABLE LA REFORMA? 
La decisión del Congreso resulta claramente regresiva en materia de Derechos Humanos, violando el principio de progresividad normativa y atentando contra el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución Nacional, como así también el fin que nuestra Carta Magna impone a nuestras instituciones penitenciarias, no como establecimientos de castigo sino como espacios de reinserción social.
 
¿REPRESENTA UNA SOLUCIÓN REAL ESTA MEDIDA?
Lo primero que tenemos que considerar es que el mero transcurso de tiempo no asegura bajo ningún punto la reinserción social. En esta linea entonces resulta absurdo pensar que prohibir las salidas anticipadas y hacer cumplir estrictamente el tiempo de condena signifique una solución.
En consonancia con esta última idea, se debe entender que solo una correcta labor de la institución penitenciaria que asegure acceso a la educación, a la contención y a la reinserciòn social pueden llevarnos a bajar la tasa de reincidencia, no así el mero transcurso del tiempo de encierro de la pena.
Por otra parte, contrariamente a los fines que establece perseguir, prohibir las salidas anticipadas causa un efecto totalmente adverso, esto es, hacer que un interno salga en peores condiciones producto de su nula relación con el exterior.
Por otro lado, me resta afirmar que las medidas de castigo no asegurar ningún tipo de avance en la materia, pensemos que en países como EEUU en donde hasta se castiga con pena capital, posee una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Ergo, la pena no es un mecanismo disuasivo del delito.
Por último, esto resulta ser una pobre respuesta de la clase política a los reclamos sociales ya que es una medida que actúa luego de producido el daño, entonces no ayuda a prevenir el delito; es una medida gratuita que fomenta más encierro en lugar de utilizar mayores recursos pedagógicos, médicos y psicológicos para el tratamiento de internos que aseguren bajar la tasa de reincidencia; y por último, es una clara muestra de demagogia discursiva y oportunismo político que en nada colabora con los problemas sociales. 
Más justicia social baja los indicies de criminalidad, aumentar las penas no.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

lunes, 26 de junio de 2017

PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL: ¿CUÁNDO PROCEDE? (Por Ezequiel Espina)


La Ley 27.363 recientemente publicada en el Boletín Oficial introduce modificaciones en el Código Civil y Comercial con el agregado del art. 700 bis y la modificación del art. 702.



¿QUÉ SE AGREGA?

Las causales de privaciòn de responsabilidad parental estaban enumeradas en el articulo 700 que decia lo siguiente: 

"Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por:

a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;

b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero;

c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;

d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo.

En los supuestos previstos en los incisos a), b) y c) la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto en el inciso d) desde que se declaró el estado de adoptabilidad del hijo".


A estas causales entonces debemos sumar las del articulo 700 bis que se agrega recientemente al Código y que son:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice

del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal de la Nación, en contra del otro progenitor;

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata;

c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.


Agrega también esta reforma que operara para estos delitos en grado de tentativa también.


¿QUÉ SE MODIFICA?
 Se modifica el articulo 702, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:
a)La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.

b)El plazo de condena a reclusión y la prisión por más de tres (3) años.

c)La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad 
por razones graves de salud,conforme lo dispuesto en leyes especiales.

d)La convivencia del hijo o hija con un tercero,separado de sus progenitores por razones graves, conforme con lo dispuesto en leyes especiales.

e)El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el art.700 bis.


¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA REFORMA?
El objetivo con el que fue sancionada la Ley que da nueva forma al instituto de responsabilidad parental tiene como fin el cese de esta potestad a los progenitores cuyos ilícitos encuadran en lo que conocemos como "violencia de genero". De esta forma se realiza una profundización de la legislación en la misma linea de las reformas que agravaban las penas por a quienes cometían delitos por cuestiones de género. El desafío es ahora determinar si esta reforma ayuda o representa un obstáculo  para la integración familiar ya que como observamos, con el mero procesamiento del imputado basta para privarlo del ejercicio de la responsabilidad parental. 

¿USTED QUÉ OPINA? 

domingo, 18 de junio de 2017

QUITA DE PENSIONES: CLAVES PARA ENTENDER LA CONTROVERSIA... (Por Ezequiel Espina)


¿QUÉ SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS?
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales. Hay cuatro tipos de pensiones según fuentes oficiales del Gobierno, y están contempladas para: 1) las personas incapacitadas en forma total y permanente, 2) madres de siete o más hijos, 3) pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor, y 4) “pensiones graciables” que entregó el Congreso. 


¿QUIENES PUEDEN SER LOS BENEFICIARIOS?
La reglamentación que establece estos criterios rige desde 1997, no se ha modificado y se encuentra regulada en el Decreto 432/97.
Allí especifica que para ser alcanzado por el beneficio, se deben reunir determinados requisitos a saber:

a) Tener SETENTA (70) o mas año de edad, en el caso de pensión a la vejez.

b) Encontrarse incapacitado en forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez (Se presume que la incapacidad es total cuando la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del SETENTA Y SEIS (76 % o más). 

A su vez, existen determinados impedimentos para su concesión como ser: 

f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
i) No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

Por otra parte, se especifica en los puntos g) y h), que: "la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar, como así también, cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o algún amparo".

¿QUÉ GENERÓ LA CONTROVERSIA? 
Según publicó la fuente oficial del Gobierno, "desde diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales genera altas y bajas en el sistema todos los meses, cumpliendo la ley y cuidando a quienes más lo necesitan. 
Pero contrariamente a lo que se informa, muchos de los supuestos beneficiarios se habrían visto injustamente perjudicados por las medidas de la actual gestión.
No hemos modificado ningún requisito de inclusión a las pensiones. Seguimos trabajando con el mismo sistema, criterios y normas reglamentarias existentes. Los controles son mensuales."


¿EXISTE AFECTACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS?
La respuesta es afirmativa, más aun considerando que nuestra Nación adhiere a la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, como uno de los Tratados con Jerarquía Constitucional conforme lo reglamenta el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. En razón de ello, debería primar la interpretación de la normativa nacional en congruencia con los preceptos en materia de Tratados Internacionales a los que está obligada a nuestra Nación.

¿QUÉ CUESTIONES DE RELEVANCIA PODEMOS RESALTAR? 
En primer término, los siguientes incisos del PREÁMBULO de la mentada Convención:
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de políticas que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo.
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad.

Continua diciendo la CONVENCIÓN que cuando hablamos de personas con discapacidad,  se incluyen "a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Resalta también que por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por otra parte, cuando enuncia las obligaciones de los ESTADOS PARTE, los constriñe a: 
a)Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;


Por último, incluye que:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover
el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.

REFLEXIONES FINALES:
La discapacidad no puede encasillarse solo en los términos que el Decreto impone, ya que como observamos en un concepto que evoluciona, por lo que deben ser atendidos los distintos impedimentos físicos y sociales que en la realidad actual presentan inconvenientes para que los sujetos puedan desenvolverse en la sociedad. Más aún considerando la inequidad y las dificultades que las instituciones poseen a la hora de asegurar el acceso y permanencia de los sujetos en los ámbitos sociales, laborales y en materia de Derechos. 
Por lo expuesto, resulta entonces que no se puede considerar pertinente la fundamentación vertida por la actual gestión de Gobierno. Esto en virtud de que se encuentra por encima del deber de hacer cumplir el Decreto 432/97, el respeto por los DERECHOS consagrados en la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, siendo que de hecho este último posee mayor jerarquía.
Lo que quiero decir entonces es que el Estado debe evaluar la validez y vigencia del Decreto 432/97, ya que de no ser congruente con la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD no debería ser aplicado tal como se encuentra redactado. ¿Por qué? Esto porque de ser así, dejaría afuera a muchas personas que sufren una discapacidad privados de un DERECHO.
Hay que tener en consideración que el Decreto que pretende aplicar el Gobierno de forma literal tiene un criterio muy restrictivo, mientras que la CONVENCIÓN posee un criterio muchos más integral y amplio.
En caso de controversia entre dos normas, siempre prevalece la de mayor jerarquía, y en este caso debería ser la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Las decisiones adoptadas por la cúpula de Estado significan una seria afectación a los Derechos de las personas y no encuentran amparo legal alguno. En todo caso serían una manifiesta medida de ajuste que merece un profundo reproche social...

¿USTED QUÉ PIENSA?



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