domingo, 21 de octubre de 2018

CASO RODRIGUEZ LASTRA: DERECHO VS MORAL (Por Ezequiel Espina)

Alcanzó gran repercusión a nivel nacional la situación del Medico Ginecólogo de la ciudad de Cipolletti por un caso de aborto que significa un capitulo mas de esta polémica actual. Los invito a repasar algunos de los puntos centrales para entender la controversia.

¿CUÁLES SON LOS HECHOS?

En la tarde del domingo 2 de mayo de 2017 llega al Hospital de la ciudad de Cipolletti (Provincia de Río Negro) una joven de unos 20 años llega en estado de shock, quien manifiesta querer interrumpir un embarazo que fue producto de una violación.
A la joven la recibe el médico y jefe de servicio del área de ginecología del Hospital local. 
La joven transitaba un embarazo de aproximadamente 22 semanas de gestación. Ante esto, el médico decide no interrumpir el embarazo, interna a la joven y toma contacto con las autoridades. El bebé nace prematuro, a las 35 semanas en un parto inducido, y posteriormente es dado en adopción. 
Cabe poner de resalto, que la joven, quien siempre manifestó su decisión de interrumpir el embarazo, se encuentra  en tratamiento psicológico.

¿QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVA LOCAL EN ESTOS CASOS? 

Si bien no existe un Ley interrupción voluntaria del embarazo en nuestra legislación nacional 8por cuanto fuera rechazado el proyecto en el presente año), si operan protocolos locales de actuación médica que habilitan las prácticas abortivas bajo estrictos supuestos. 
En el caso de la Provincia de Río Negro, esto se encuentra regulado en la Ley Provincial 4796 denominado "Protocolo de Atención Sanitaria en casos de Abortos No Punibles".
Dicho protocolo establece en su art. 2º que: Se podrá solicitar la interrupción del embarazo en caso de:
a) Peligro para la vida o para la salud integral de la mujer.
b) Cuando el embarazo provenga de una violación.
c) Cuando el embarazo provenga de un atentado al pudor de una mujer idiota o demente.
Es muy clara la norma en su art. 7º, referido específicamente a los casos de  abuso sexual, cuando establece como requisito para su procedencia: 
a) Consentimiento informado de la mujer embarazada, prestado en los términos  prescriptos por el Art. 5° de la presente ley.
b) Declaración Jurada de la mujer embarazada expresando que el embarazo es producto de una violación.

¿SE ESTABLECE UN PLAZO DE GESTACIÓN LÍMITE PARA LA PRÁCTICA DEL ABORTO?
La respuesta es NO. Tanto el protocolo reseñado de la la Provincia de Río Negro como la Res. 1184/2016 del Ministerio de Salud de la Nación (Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupcion Legal del Embarazo), a la cual remite, no especifican un tiempo límite para el acceso a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres con Derecho a requerirlo. 

¿PUEDE EL MÉDICO OPONER OBJECIÓN DE CONCIENCIA? 

La respuesta es afirmativa, y se encuentra regulado en el art. 10º: Toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del Sistema de Salud, que manifieste objeción de conciencia fundada en razones éticas con respecto a la práctica médica enunciada en la presente ley, podrá optar por no participar en la misma, ante lo cual el establecimiento de salud deberá suministrar de inmediato la atención de otro profesional que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento.
Independientemente de la existencia de médicos y/o personal auxiliar que sean objetores de conciencia, el establecimiento asistencial público, privado o de obras sociales, deberá contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que esta ley le confiere a la mujer.
Los reemplazos o sustituciones que sean necesarios para obtener dicho fin serán realizados en forma inmediata y con carácter de urgente por las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda o, en su defecto, por el Ministerio de Salud.

¿EN QUE CASOS ACARREA RESPONSABILIDAD EL MÉDICO TRATANTE?
Esto se encuentra contemplado en el art. 11º 3er. párrafo cuando establece: La mujer que solicita un aborto no punible deberá ser informada sobre la objeción de conciencia de su médico tratante y/o personal auxiliar. La deficiencia en la información, el suministro de información falsa, las maniobras dilatorias y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los profesionales de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

¿QUÉ DELITO SE LE IMPUTA AL MÉDICO? 

En el presente caso, se lo pretende juzgar por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Este tipo penal se encuentra redactado en el art. 248 del Código Penal, que establece: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que (...)no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

¿CÓMO SE DIRIME LA CUESTIÓN?

Si bien mucha controversia se suscita en torno al contenido ético del hecho, la realidad es que el protocolo mencionado consagra el ejercicio de un Derecho por parte de la mujer. La negación a la práctica o su retardo conlleva una falta que desemboca en responsabilidad penal del galeno, toda vez que no es resorte del Medico determinar quien posee el Derecho de decidir, sino que se limita a informar y advertir los riesgos de la practica y las alternativas posibles. 
Esto es un análisis más técnico- jurídico que ético o moral.
Si bien aún resta conocer el avance del proceso, se abre una nueva polémica en torno a un tratamiento social indispensable: el Derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 

¿USTED QUÉ PIENSA?

domingo, 2 de septiembre de 2018

CRISIS ARGENTINA: ¿CÓMO EXPLICAMOS ESTO? (Por Ezequiel Espina

La liberación del dolar, la inflación y los continuos recortes estatales ocupan con preocupación la agenda publica diaria de las ultimas semanas. Si bien el concepto de "crisis" esta instaurado en el imaginario social de forma constante, los argentinos tendemos a tocar fondo primero para luego pensar que quizá antes no estábamos tan mal. 

¿Cómo funcionaba el plan económico durante la gestión de Gobierno anterior?

La receta era simple, el estado tenia una fuerte intervención en la económica, lo que le permitía proyectar y mantener los mercados más estables y con mayor previsión, todo ello a costa lógicamente de limitar las reglas del libre mercado.

DOLAR
La moneda estadounidense tenia fluctuantes alzar en pequeños porcentajes a lo largo del tiempo. Este incremento fue de algo más del doble del precio que cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner hasta doce años después cuando finaliza el segundo mandato de Cristina Fernandez. Estos incrementos lentos pero paulatinos no responden a una confianza mayor a la moneda local sino a lo que se conoció como "cepo cambiario".
El cepo lo que hacia era limitar la cantidad de moneda extranjera que cada ciudadano podía adquirir y, si bien significa una restricción a la libertad cambiara, ello se hacia en pos de salvaguardar la situación económica de los sectores mas vulnerables.

RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES
Esta medida que ponía obstáculos al ingreso irrestricto de productos importados producía la reactivacion del mercado interno, haciendo que los ciudadanos se inclinen por la adquisición de productos de industria o capitales locales. 
A eso debe sumarse que el tipo de cambio alto producía que los productos nacionales fueran más accesibles y los hacia mas competitivos en el mercado.
La apertura al ingreso de productos extranjeros no estaba imposibilitado, tenían mayor acceso los productos de los países con los cuales se establecían convenios económicos que beneficiaban la economía nacional. Recordemos que fue China uno de los aliados económicos más importantes durante la ultima etapa del Gobierno Kirchnerista.

PRECIOS CUIDADOS
Este programa económico fue uno de los más importantes durante la anterior gestión de Gobierno. Este plan tenia como fin direccionar el consumo hacia rubros estratégicos que incentivaran el consumo interno y colaboren a impulsar el desarrollo de las empresas de capital nacional. Esto hacia que, a los fines de hacer rendir más los sueldos, los ciudadanos prioricen la compra de los productos propuestos por el Estado, que eran mayoritariamente de empresas locales que apostaban a la contratación y expansión de mano de obra local.

ASIGNACIONES Y PLANES SOCIALES
Este Derecho supone un cuota de compensación a la situación económica de las familias para ayudar a solventar gastos que les permitan una mayor inclusión social. Pero además de ser un instrumento de igualdad social, suponen una estrategia de mercado para direccionar la economía a ciertos rubros estratégicos. A modo de ejemplo la "Asignación Universal por Hijo" aseguraba la inversión de las familias en elementos del sector primario como por ejemplo la leche. Esto ayudaba a mantener la venta de productos en alza y resguardar la vida de las empresas nacionales en el rubro.

INFLACIÓN
La inflación era producto de una depreciación monetaria paulatina a los fines de generar mayor moneda circulante. Pero esta medida se encontraba en manos del Estado y no era un mecanismo de control de divisa o fuga de capitales, sino que servia a los fines de re activación del mercado local. Debe pensarse de la siguiente manera, si los productos aumentan entonces el momento de compra es ya. Al no fomentar el ahorro por la restricción de compra de dolares y la depreciación del peso, creaba la necesidad del consumo, lo cual permite mayor actividad del mercado interno. Mayor demanda se traduce en mayor actividad de las empresas y más trabajo para los ciudadanos.

GASTO PÚBLICO
Logicamente sostener este modelo económico necesitaba de grandes erogaciones. La recaudación tributaria se sostenía a trabes de los impuestos a los sectores de mayores ganancias, en favor de mantener las políticas sociales. En este sentido, las tan resistidas retenciones a las exportaciones de soja y el impuesto a las ganancias hacían al sostenimiento del modelo. 

¿POR QUÉ SE DESATÓ UNA CRISIS AHORA?

La respuesta es simple, la gestión de Gobierno actual aplicó como primer medida desde su asunción, la quita de retenciones al agro, esto produjo que las arcas del Estado perdieran sus principales ingresos, lo cual genera un déficit fiscal enorme que debe conllevar necesariamente al recorte presupuestario del Estado.
Para solventar este déficit, el Gobierno optó por recurrir a los prestamos internacionales. Estos prestamos generan intereses y deudas astronómicas que nos colocan en la necesidad de adecuar los planes económicos nacionales a los intereses de los prestamistas. Esto representa una perdida importante de soberanía. 
Por otro lado, se levantó el cepo cambiario, lo que produjo que la compra de la divisa extranjera aumente. Logicamente, a mayor demanda, mayor suba de su valor.
La compra de divisa extranjera para el ahorro frena el consumo, si se frena el consumo hay menos moneda circulante y esto genera mas desempleo.
Por ultimo, la apertura de las importaciones significa un golpe al mercado interno, toda vez que aumenta la competitividad y destruye la industria nacional.
El corrimiento del Estado en la economía supone dejar el rubro económico en manos del mercado. La lógica del mercado apunta a aumentar el volumen económico
y no a atender las necesidades sociales...
... entonces, esta crisis es ¿accidente o plan en favor de los capitales concentrados?

¿USTED QUÉ PIENSA?



sábado, 11 de agosto de 2018

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: ¿ABORTO LEGAL? (Por Ezequiel Espina)

Frente al reciente rechazo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo  por el Senado de la Nación, comenzó a circular el rumor de su inclusión en la reforma del Código Penal que se pretende intentar a partir del 21 de agosto próximo.
El presente escrito pretende informar acerca de los alcances de la reforma y su posible vinculación o no con el reclamo del movimiento feminista.

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL ACTUAL SOBRE EL ABORTO?

El aborto se encuentra tipificado en el art. 88 y establece: "Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer embarazada de causar su propio aborto no es punible"
La escala penal de esta figura determina que una mujer que se practica una interrupción voluntaria del embarazo puede recibir una pena de efectivo cumplimiento, esto es, ser encerrada en una cárcel.

¿QUÉ ESTABLECE LA REFORMA PROPUESTA POR EL PODER EJECUTIVO?

La gestión de Gobierno actual propone adecuar el texto normativo, quedando redactado de la siguiente manera:  "Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años, a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer embarazada de causar su propio aborto no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad".

¿ESTA REFORMA SE ADECUA AL RECLAMO SOCIAL DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO?

La respuesta es un rotundo NO.  Por empezar, el reclamo social se pronunciaba por la despenalización del aborto, lo cual supone que el estado abandone la política de persecución penal de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, esto es, que deje de ser considerado un delito. En este sentido, el texto de la reforma fija una escala penal que permite una pena en suspenso, lo que quiere decir que la mujer puede ser condenada sin cumplir la pena dentro de la cárcel; pero a eso se le agrega la potestad al Juez de eximirla de pena conforme a las circunstancias que la llevaron a producir el aborto. Si bien esto significa un gran avance en materia penal, la realidad es que sigue sometiendo a las mujeres al proceso penal.
Por otro lado, desde el colectivo feminista se peticionó una reforma integral del sistema, cuyo primer paso es quitar de la órbita penal la situación de aborto y tratarla desde el plano de la salud publica. En este sentido, la ley penal nada aporta a la solución de esta realidad social que debe combatirse con educación sexual integral, perspectiva de genero y garantizar el acceso a la salud. Todas cuentas pendientes aun en nuestro país.
En síntesis, estamos ante una posible reforma legislativa que importa un avance importante en la materia, pero que no alcanza a satisfacer una demanda imperante de la sociedad actual.

¿USTED QUÉ PIENSA?

domingo, 11 de marzo de 2018

DOCTRINA CHOCOBAR: ¿GARANTIAS PENALES EN FAVOR DEL ESTADO... ?(Por Ezequiel Espina)

La muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nauel,Juan Pablo Kukoc y el muy reciente deceso del niño Tucumano de 11 años tienen un factores comunes: jóvenes de clase social baja cuyas muertes se se produjeron en el marco de la intervención de los cuerpos de Seguridad del Estado bajo el pretexto de hacer cesar los efectos de un delito.
Como respuesta desde la cúpula de Gobierno podemos extraer los dichos del Presidente Mauricio Macri, la Vicepresidenta Gabriela Michetti  la MInistra de Seguridad Paricia Bullrich. Sus discursos coinciden en la idea de que debe presumirse la legitimidad del accionar policial, esto es, suponer la existencia de un delito, presuponerse la participación de las victimas en el delito y además, que la provocación de sus muertes se debe a circunstancias imputables a las victimas, mediando siempre una causal justificante al miembro de las Fuerzas de Seguridad que la produce.
Esto que vulgarmente denominamos "Doctrina Chocobar" es la síntesis de lo mencionado. Ahora, es momento de examinar si lo que sostienen nuestros gobernantes se ajusta a lo normado por el Estado de Derecho, un concepto que con tanto clamor dicen defender.

Se abre una brecha grande entonces, por un lado quienes defienden la "Doctrina Chocobar" dicen que no pueden usarse los Derechos Humanos para defender a los delincuentes. Pero veremos con este análisis, que contradictoriamente pueden ser ellos mismos los que están defendiendo a los delincuentes.

¿QUÉ DICE LA LEY LOCAL?
En primer lugar, debemos remitirnos al Código Penal, para saber si existe algún tipo de causal que exima de culpa a quien produce la muerte de un tercero, como en los presentes casos. Para ello debemos remitirnos al art. 34 del Código Penal que dice: 
No son punibles: inc. 6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
En breve síntesis entonces, se estará exento de pena en caso de se cumplan con los tres requisitos antes expuestos: sufrir un ataque injusto, utilizar un medio racional y proporcional para repeler el ataque y no haber dado origen a la causal de agresión.
A esto debemos agregarle (algo que el caso "Chocobar" claramente no se dió) la actualidad de la agresión, esto quiere decir, que cesado el ataque, la ley no ampara a quien ejecuta una maniobra ya que la agresión termino, tales son los casos de las muertes en las persecuciones. 

¿QUÉ DICEN LOS TRATADOS INTERNACIONALES?
Aquí resalta el dato más curioso ya que, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos no son instrumentos de legitimación de acción del Estado, sino justamente son normas que implican la abstención de injerencia estatal en la integridad individual se los individuos. Con esto quiero decir que las Garantías allí contenidas nunca son a favor del Estado, es por ello que frente a cualquier hecho de lesiones o muerte en una intervención estatal, es el Estado quien carga con el deber de probar los hechos y no goza de ningún tipo de "garantía de legitimidad de acción".

Esto que algunos han osado llamar "el curro de los Derechos Humanos", son medios de protección para evitar las atrocidades realizadas en el marco de las Guerras Mundiales y que en nuestro caso, si bien no tuvimos participación en ellas, sufrimos en carne propia la supresión de las Garantías de los Tratados de Derechos Humanos y la "Garantía de Legitimación del accionar del Estado" en la época más oscura y sangrienta de nuestra historia: las dictaduras militares.

Los Derechos y Garantías son para las personas, no para el Estado, menos aun puede sostenerse la inversión de estos principios en el marco de una sociedad Democrática del Estado de Derecho.

Pero parece evidente la supresión de los Derechos se suprimen si alguien comete un delito, pero más si se es joven y pobre...

¿Usted qué piensa?

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