miércoles, 30 de diciembre de 2015

AFSCA:Claves para entender las consecuencias del Decreto... (Por Ezequiel Espina)

Poderes políticos y constitucionales son 3: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero hay un fenómeno que tiene tanto o más fuerza que estos, que puede modificar las decisiones de los últimos, mide en términos de coste político las actuaciones de nuestros gobernantes y tiene una legitimidad pública innegable: SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
No por nada las banderas políticas discuten con tanto fervor  su control, ya que por ellos pueden mejorar su imagen y/o empeorar las de sus oponentes. Entendiendo esto, somos consientes de la magnitud de la discusión, es por ello, que a continuación analizaremos que implicancias puede o podría tener el reciente DNU y que pasa con el AFSCA.
Pero... ¿Qué es el AFSCA? 
AFSCA significa Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
¿Cual es su función?
Su función principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley, esto es:
· Garantizar el derecho a la información.

· Evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores.

· Asegurar frecuencias y espacios audiovisuales que garanticen la pluralidad.

· Fomentar contenidos diversos.

· Incentivar la producción local.

· Abrir y poner en circulación un registro público de prestadores.

¿Qué Significa que sea un organismo descentralizado y autárquico? 
Esto significa que tiene personalidad jurídica y poder de decisión propios, por lo que el control que el Poder Ejecutivo puede ejercer sobre ellos es solo administrativo o tutelar. 

¿Qué produce el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia? 
El Decreto establece la creación del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), bajo la cual quedarán fusionadas la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), la cual queda bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones. Para ser más claro, pasa de ser un organismo descentralizado y autárquico, a ser una dependencia del Poder Ejecutivo. 

En síntesis, creo que es una mala decisión para un gobierno que no solo se cobijó bajo el lema del respeto de las instituciones republicanas, sino por la fuerte critica a la presión que el Ejecutivo tenía sobre todas las esferas. Entonces, en lugar de velar por la independencia de las instituciones, transforma un organismo autárquico en un ente subordinado jerarquicamente a su órbita de poder...
¿Usted qué piensa?  



martes, 15 de diciembre de 2015

¿PUEDE EL PODER EJECUTIVO DESIGNAR JUECES POR MEDIO DE DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA? (Por Ezequiel Espina)

La  agenda política no da respiro y nuevamente da que hablar, y no es para menos porque el tema que hoy convoca es la designación de Jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Conforme a las notas periodísticas, por medio del Decreto 83/2015 (con cuyo texto no he podido dar aún) se designa como miembros de nuestro máximo tribunal de Justicia a los Dres Rosenkrantz y Rosatti. El presente escrito no tiene como fin indagar sobre la aptitud de los candidatos elegidos por el Presidente Mauricio Macri, sino tratar la pertinencia del procedimiento utilizado. La pregunta entonces es: 
¿PUEDE EL PODER EJECUTIVO DESIGNAR JUECES POR MEDIO DE DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA?
En primera instancia debemos remitirnos al texto Constitucional, más precisamente al Art. 99 inc 4 que indica que el Presidente: 

“Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos (...)”.

La norma es más que clara en cuanto especifica que participa tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en la designación, e incluye un principio no menor cuando expresa “EN SESIÓN PÚBLICA”, siendo que uno de los principios republicanos de nuestro ordenamiento jurídico es la publicidad de los actos de gobierno. De aquí se desprende que no respetar este principio atentaría contra el régimen republicano.
A pesar de ello, si avanzamos en lectura hasta el inc 19 del presente Art. 99 nos encontraremos con que el Poder Ejecutivo: 

“Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Desde esta óptica sería razonable pensar, sin ningún tipo de duda, que el Poder Ejecutivo está facultado para la elección de Jueces en consonancia con las atribuciones y carácter establecidos por la Constitución.
Por otro lado, debemos retrotraernos al mismo Art 99 en su inciso 3 que proclama: 

(…)“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (…)”

En este punto, si bien no está vedada la materia que tratamos en lo que respecta a los Decretos de Necesidad y Urgencia, debemos pensar, siguiendo a Gordillo, que: 1) la causa habilitante de verdadero estado de necesidad pública e imposibilidad de seguir el trámite parlamentario común, 2) no invadir las materias vedadas en forma expresa o implícita por la Constitución, 3) que se cumplan todos y cada uno de los pasos previstos en ella, incluyendo la ratificación legislativa expresa en la primera sesión del Congreso posterior al envío del despacho de la Comisión Bicameral, 4) sin perjuicio de satisfacer los demás test de razonabilidad constitucional (existencia de sustento fáctico suficiente, adecuación de medio a fin, proporcionalidad, etc).
No menor es el dato de que en consonancia con el mismo Art 99 inc 9 el Presidente: 

“Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”

El último punto a analizar es el Decreto Autónomo 222/03 que detalla un procedimiento en virtud de salvaguardar los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno para un mayor y más efectivo control a partir de la opinión pública sobre los candidatos propuestos.
En síntesis, y para no extenderme, recomiendo la lectura del Art 99 inc 3,4, 9 y 19 y del Decreto 222/03 para una mejor comprensión del fenómeno en cuestión.
Por mi parte considero que conforme a las atribuciones contenidas en el Art 99 inc 19 y no siendo materia vedada consonantemente con el Art 99 inc 3, el Presidente Mauricio Macri tiene la facultad de designar, mientras el Congreso no entre en sesión, a los Magistrados para ocupar las vacantes del máximo tribunal de Justicia de la Nación. Pero, según emana de los principios Republicanos de gobierno me parece un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (conforme al Art 99 inc 3) tenga la potestad de designar jueces cuando tiene a su disposición, según el Art 99 inc 9, la facultad de convocar a sesiones extraordinarias.
Con esto lo que quiero decir es que la imposibilidad de seguir el proceso consagrado en el Art 99 inc 4 para la designación de Jueces para la Corte Suprema es un presupuesto creado por el mismo Poder Ejecutivo que legitima sus potestades conforme al Art 99 inc 3 a partir de no hacer uso de su aptitud para llamar a sesiones extraordinarias según consagra el Art 99 inc 9.
Es por ello que considero pertinente seguir el procedimiento del Decreto 222/03 que a mi entender respeta los principios Republicanos de publicidad de los actos de gobierno para mayor transparencia y control ciudadano.

¿Ustedes qué piensan al respecto?

A Continuación adjunto las fuentes que pueden consultar:

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

http://www.infojus.gob.ar/222-nacional-procedimiento-para-nombramiento-
magistrados-corte-suprema-justicia-dn20031000222-2003-06-19/123456789-0abc-222-0001-3002soterced




lunes, 14 de diciembre de 2015

Los Decretos de necesidad y urgencia... (Por Ezequiel Espina)

Las polémicas en torno a las medidas políticas no paran de llover y se traducen en moneda corriente de discusión de la agenda mediática. El tema que hoy nos convoca son los Decretos de Necesidad y Urgencia ¿qué son y para qué se usan?
Los decretos de necesidad y urgencia son reglamentos administrativos, que según Gordillo se definen como: "declaraciones unilaterales de voluntad emanadas de la Administración pública en ejercicio de la función pública que tienen efectos directos y generales". La nota saliente sobre este tipo de reglamentos es que son emitidos por el Presidente (Poder Ejecutivo) para casos excepcionales en donde no se pudiere seguir el procedimiento normal de sanción de leyes y fuere de suma necesidad la celeridad en la toma de las medidas. Esta regulado como una atribución del Poder Ejecutivo conforme el Art 99 inc 3 cuando dice:

Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
Tal como la letra de la ley lo expresa, solo bajo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para su tratamiento (contemplados en los Art 77 a 84 de la Constitución Nacional), por lo que esta facultad Legislativa es de carácter extraordinario ya que como sabemos, de ser un ejercicio normal, se estaría vulnerando el principio Republicano de gobierno. 
Pero contrariamente a lo que podríamos pensar, esto se ha vuelto una práctica recurrente en los ejercicios políticos de los Presidentes, demarcando así el carácter de "Presidencialismo fuerte" de nuestra legislación, en donde se evidencia notoriamente un desequilibrio del poder en favor del Ejecutivo. Es que con ello pueden realizar una tarea Legislativa sin implicancia del órgano facultado que es el Congreso, y si bien tiene carácter excepcional la medida y existe un mecanismo veloz para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia descritos no solo en Articulo antes enuncuiado, sino también en la Ley 26.122, aunque no se respeta con la debida responsabilidad, es así, que es la herramienta principal de los Presidentes, sobre todo cuando tienen minoría de representación en el Congreso. 
¿Por qué se suscita la polémica en estos momentos? 
El flamante Presidente electo, el Ingeniero Mauricio Macri, emitió recientemente 29 decretos de necesidad y urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que las sesiones ordinarias del Congreso ya finalizaron (conforme al Art 63 inician sesiones desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre), no podría tratarse las cuestiones por inactividad del órgano Legislativo. 
¿Pueden realizarse sesiones extraordinarias? 
Efectivamente si, pueden realizarse sesiones extraordinarias según consagra el Art 63 de la Constitución: 
Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.
en concordancia con el Art 99 inc 9:
Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
Ergo, siendo que los decretos de necesidad y urgencia revisten el carácter de extraordinarios por las circunstancias excepciones requieren un pronunciamiento inmediato de la administración pública y faculta al Poder Ejecutivo a realizarlos por imposibilidad de efectuarse el normal desarrollo de el procedimiento de sanción de Ley, aunque, a su vez están contempladas las medidas para reunir en sesiones extraordinarias al cuerpo Legislativo, razonablemente podría interrogarse si ¿no sería congruente entonces dictar el decreto de necesidad y urgencia e inmediatamente convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento, salvaguardando así el espíritu Republicano? 
Agréguese además, que las materias que pasan a regular estos decretos debieren ser de imperiosa necesidad tu legislación, por lo que cabe preguntarse también ¿merita tomar una medida como esta en orden a estas temáticas sin poder esperar su debido tratamiento en el Congreso? 


Y usted, ¿qué piensa al respecto? 

lunes, 7 de diciembre de 2015

CASA ROSADA VS CONGRESO ¿DÓNDE DEBE ASUMIR EL PRESIDENTE ELECTO? (Por Ezequiel Espina)


La política mediática acostumbrados nos tiene a discusiones de distinta índole y de diferente grado de relevancia institucional, en algunos casos minimizando cuestiones y en otros casos maximizando cuestiones menores. En este caso y desde hace algunos días, la polémica gira entorno al lugar donde debería asumir el próximo presidente electo, el Ingeniero Mauricio Macri, que según él lo hará en la casa Rosada, mientras que la actual Presidenta, Cristina Fernandez, indica que ello debe hacerse en el Congreso. 
¿QUÉ NOS DICE LA LEY? Nuestra Carta Magna en su articulo 93 indica: "Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".
Si bien no hay una remisión expresa del lugar en donde se debe efectuar el juramento, siendo que es concordante con los artículos 59, 67 y 112 de la Constitución Nacional, todo parecería indicar que es el Congreso la sede donde se efectúa el traspaso. Por otro lado, como sabemos, nuestra Constitución toma y reproduce la letra de la Constitución de Estados Unidos, y si a ella nos remitimos, tampoco hace mención

expresa del lugar donde se realiza el traspaso, sin embargo lo habitual es que se realice en el Capitolio, que es el edificio que alberga las Cámaras del Poder Legislativo de esa Nación.

Por otro lado, en materia infraconstitucional, según resuena en los medios, el Ing Mauricio Macri fundaría su elección en base a un reglamento presidencial (con el cual no he podido dar en mi investigación jurídica ya que los principales portales legales no tienen el mencionado texto) que indicaría que es la sede del Poder Ejecutivo en donde debe efectuarse el traspaso. 

Otro punto saliente a considerar, es que conforme al articulo 91 de la Constitución Nacional, el presidente saliente mantiene el cargo hasta la fecha de su asunción, esto es, no al momento de realizarse el simbólico traspaso, y por otro lado, el traspaso de símbolos no configura la asunción del entrante, hasta tanto no preste el debido juramento que es el acto solemne que lo reviste de poder político. Traigo esto a colación para pensar quien tiene entonces la potestad de decisión sobre donde efectuar el simbólico acto de traspaso.
¿QUÉ NOS DICE LA HISTORIA? Esta nos marca que no fue comúnmente el edificio del Poder Legislativo el espacio para realizar el traspaso de la banda Presidencial, de hecho se efectuó en ocasiones en la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo), sin embargo durante los últimos tres juramentos tomados, fue el Congreso el lugar donde se efectuó. 
Sin lugar a dudas estamos ante una nueva evidencia de discusión mediática carente de demasiado sentido a menos que tuviéremos un profundo amor por preservar las formas.
Personalmente considero que debiere efectuarse ante el Congreso, pero no veo vulnerado el espíritu Democrático ni Republicano si ello se efectuare en Casa Rosada.
Considero que esto es una cuestión de escasa relevancia institucional que no hace más que alimentar un infundado enfrentamiento de bandos. No se trata tampoco de analizar quien tiene la legitimidad de decidir el lugar de traspaso, si el presidente saliente o el entrante. Creo que como población estamos en condiciones de abocarnos a discusiones más relevantes...
¿Y ustedes qué piensan?

domingo, 6 de diciembre de 2015

Justicia distributiva y políticas sociales (Por Ezequiel Espina)


Numerosas controversias se suscitan a partir de las decisiones en políticas estatales en lo que respecta al gasto público, sin ningún tipo de duda la quita de parte del patrimonio de los contribuyentes significa una carga que difícilmente se asimile como una contribución en nombre de la "Justicia Social" y si más como una quita que no refleja beneficios para quien la sufre. 
A continuación desarrollare una breve referencia a la Teoría de la Justicia de Rawls, que sirve, a mi entender, para fundamentar la practica en materia de política social del Estado de Bienestar o Benefactor.  Posiblemente el comienzo parezca algo bastante abstracto, pero prometo que con el correr de las lineas buscare dar con un anclaje practico de la problemática en cuestión en términos menos formales que amenos para que no signifique una lectura tediosa. 
Para empezar, deberíamos pensar que el término Justicia tiene distintas acepciones, entre las cuales se destacan:
  • Dar a todos por igual.
  • Mayor beneficio para la mayor cantidad de individuos.
  • Dar en la medida del esfuerzo realizado.
Pero ellas no son las únicas, es por esto, que dejando que el lector formule su propio marco de referencia, procederé a fundamentar el marco conceptual al cual adhiero, intentando adhesión o rechazo pero siempre en un marco de respeto que priorice la discusión en buenos términos.
Para Rawls existen dos principios de su Teoría de la Justicia, por un lado el Principio de Libertades, respecto de cual, cada persona debe tener un Derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás (leasé votar y a desempeñar cargos públicos; libertad de expresión y de reunión; libertad de consciencia y pensamiento; a la propiedad, etc). Por otro lado, esta el Principio de Diferencia, que sostiene que las desigualdades económicas y sociales habrán de ser conformadas de modo tal que: 1) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y, 2) se vincules a empleos y cargos asequibles para todos. En síntesis, toda desigualdad se justifica si es a favor de los menos favorecidos.
En este sentido, debemos considerar que el punto de partida de todo individuo en el entramado social, no tiene en principio una base homogénea, siendo que existen clases sociales en el marco de un sistema capitalista, existen personas que nacen en condiciones más ventajosas que otras. Esto se evidencia en tanto que, más allá de la cuestión volitiva del sujeto, el contexto social en el que se desarrolla delimita sus alcances en las distintas esferas de la vida, ya que sabido es que la educación, la alimentación y el trabajo entre otras variables, configuran un mejor o peor pasar de los sujetos en la vida. Es por ello que ante contextos distintos, tendremos "suertes" distintas, haciendo fuerte hincapié, que las variables antes enunciadas no dependen pura y exclusivamente del aspecto volitivo de las personas, a saber: un sujeto que con la mayor voluntad posible desea estudiar y progresar, no encuentra condiciones optimas de aprobación si debe trabajar más de ocho horas diarias, mantener una familia y no obtiene recursos para adquirir los materiales de estudio necesarios, a comparación de alguien que tiene una familia que puede costear sus estudios para que este no tenga que trabajar y pueda abocarse pura y exclusivamente al estudio.
En este marco, es donde se nos aparece el rol del Estado en tanto dependiendo de la concepción de Justicia a la cual se adhiera, tendrá un rol mayor o menor en la cuestión de la vida de los súbditos. Es por ello que si el Estado se configura como mero garante de las libertades individuales con el principio de libertades negativas, esto es la no interferencia en la esfera individual de los sujetos, la suerte de cada uno recae en sus condiciones y el mayor o menor grado de acierto en sus negocios. Pero por otro lado, si se acepta que las condiciones de partida de los individuos son distintas y es el Estado el garante de compensar o remediar esas falencias, es donde se deben aplicar políticas sociales en pos de buscar un equilibrio social. 
Políticas tales como la Asignación Universal por Hijo o el programa PROGRESAR, denotan claramente un posicionamiento en términos de la Teoría de Rawls, por un lado permitiendo el goce de Derechos básicos, en estos casos a condiciones mínimas de subsistencia alimentaria y por otro lado el refuerzo al servicio de escolaridad pública en lo que respecta al brindar mayores posibilidades de egreso. Lógicamente estas políticas son costeadas con la carga tributaria de sectores más acomodados, siendo que en tal sentido, la desigualdad en materia tributaria, se justificada si beneficia a los menos favorecidos por el sistema, esto es mayores cargas tributarias para quienes mayor capacidad contributiva tienen en pos de desarrollar políticas sociales que atiendan las necesidades de los menos favorecidos. 
Podría así mismo objetarse que estas cargas implican sacrificios que no benefician al sector que las sufre, también podría decirse que el Estado sostiene a quienes toman decisiones equivocadas, o bien que el orden de éxito es responde o debiere responder a una lógica meritocratica. Todas son criticas validas que se sitúan en la concepción de Justicia en términos distintos a los esbozados. 
En síntesis, la ideo logia de clase que subyace en nuestras decisiones y posicionamientos en la vida, lo interesante seria pensar: ¿cómo pienso que debería actuar el Estado si mis condiciones de existencia no fueran las que hoy estoy teniendo?  
Sin lugar a dudas, la política es una lucha de intereses, posiblemente entre quienes no quieren ver alteradas sus disposiciones patrimoniales y entre quienes abogan por que sus necesidades humanas sean atendidas. 
Las disposiciones legales en el marco de la adhesión de nuestra nación a distintos Tratados  Internacionales, obliga al Estado a la atención de necesidades sociales, pero vale aclarar que las mismas no se resuelven con la mera potencialidad de acceder al servicio, esto es, a modo de ejemplo, ofrecer un servicio tarifado que restringe el universo de individuos capaces de acceder, sino ofrecer la atención a quienes verdaderamente necesitan de la atención de su necesidad por carecer de medios para hacerlo. Sin realizar un tratamiento igualitario ni velando por el mayor beneficio para el mayor numero, ya que esto significaría, en los términos analizados, un sacrificio de grupos en condiciones de desventaja, que sería sinónimo de sacrificar a los más vulnerables (ver fallo 
 Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo en http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarDocumento&falloId=5878)
Es así como pensar el rol del Estado demarca las obligaciones de este y los términos en los que deben pensarse el concepto de Justicia, entonces según surge de la lectura, 
¿qué rol debería tener el Estado en el marco de las políticas sociales?  

miércoles, 2 de diciembre de 2015

RETENCIONES E INFLACIÓN ¿QUIENES SALEN PERJUDICADOS? (Por Ezequiel Espina)


Se ha suscitado recientemente la polémica en materia de política fiscal que tiene impacto en la economía local, siendo que si bien ya estamos acostumbrados a la palabra "inflación", quizá desde el 2008 no recordaremos el vocablo "retención". Emerge nuevamente la cuestión producto de la política que comenzara a regir a partir de la asunción del Presidente electo (el Ing. Mauricio Macri), quien indicó que se quitarían las retenciones al trigo, maíz, carne y baja del 5% en la soja. A continuación un breve análisis sobre que es el instituto y que impacto produce en nuestra economía. 
Las retenciones son imposiciones que el Fisco exige producto de una determinada renta por periodo fiscal, para ser más claros, es el dinero que deben pagar determinados contribuyentes por las exportaciones realizadas (ya que la temática que nos convoca son las retenciones al agro). Esto quiere decir, que con cada venta realizada de los productos antes mencionados, se le agregaba un porcentaje que el Estado retenía, y que, o bien hacia menos competitivo el producto en el mercado internacional, o bien restringía la ventaja económica del empresario. Ahora ¿qué sucede entonces si se elimina la retención o se baja el índice? Simple, permite mayo ventaja económica al exportador, bien sea porque baja costes y permite mejor inserción del producto en el mercado internacional, o bien porque puede sacar mayor rédito económico al no existir un gravamen. Pero por otro lado, no debemos dejar de advertir las implicancias locales que ello conlleva, por empezar, tal como Alejandro Rofman explica (Doctor en Ciencias Económicas e investigador del CONICET):

 "Si el producto en el mercado mundial sufre un fuerte incremento de precios, este aumento se trasladaría automáticamente al valor del producto que se transa en el mercado interno dado que el que vende el trigo lo hace por el precio más elevado que obtiene, que se unifica como el único valor, tanto afuera como adentro del país. Las retenciones desenganchan el precio interno del externo. El que vende afuera, como lo hace con un valor igual al de la cotización mundial menos la deducción por retenciones está consagrando un precio interno diferente -y menor- al externo. Ello es así por cuanto hay un solo precio para los vendedores de la materia prima más allá de su destino posterior. Si el precio con que vende el exportador es un 30 %( porcentual de las retenciones) menor al del mercado mundial, él va a pagar al productor este precio reducido y no el elevado que rige fuera de nuestras fronteras”. 

Con esto, se evidencia: en primer lugar que los pequeños y medianos productores no ven necesariamente una ventaja económicamente significativa y, en segundo lugar que esta maniobra puede conllevar a priorizar el mercado internacional creando faltantes o subiendo considerablemente los precios de los productos del mercado interno. 
No debemos desconocer que las medidas políticas responden a intereses contrapuestos que se disputan cargas y beneficios entre distintos grupos sociales, la cuestión es analizar que tan equitativo es en concepto de capacidad de carga. Para ser más claros, pensemos, ¿cuál es la prioridad: el bolsillo del empresario o el del consumidor local? 
No quiero recaer en una cuestión pro o anti gobierno de turno, ni en el desprecio del sector agro y menos aun del sector empresarial que tan importante es y tantos puestos de trabajo producen en el país, pero la problemática reside en quien tiene más capacidad de soportar cargar y a que coste. 
Las retenciones no son un invento argentino, numerosos países, e incluso potencias mundiales las aplican en sectores estratégicos y sirven dichos fondos para impedir subas en otros rubros (para ejemplificar, gracias a las retenciones, entre otras medidas económicas, Argentina logró mantener el precio más bajo en materia de carnes y transporte público a comparación de los vecinos Uruguay y Brasil).
Recordemos que un Estado que menos recauda es un Estado que menor cantidad de necesidades humanas puede cubrir.
Me interesaría saber:
¿QUÉ PIENSAN USTEDES SOBRE ESTO?

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