lunes, 26 de junio de 2017

PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL: ¿CUÁNDO PROCEDE? (Por Ezequiel Espina)


La Ley 27.363 recientemente publicada en el Boletín Oficial introduce modificaciones en el Código Civil y Comercial con el agregado del art. 700 bis y la modificación del art. 702.



¿QUÉ SE AGREGA?

Las causales de privaciòn de responsabilidad parental estaban enumeradas en el articulo 700 que decia lo siguiente: 

"Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por:

a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;

b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero;

c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;

d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo.

En los supuestos previstos en los incisos a), b) y c) la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto en el inciso d) desde que se declaró el estado de adoptabilidad del hijo".


A estas causales entonces debemos sumar las del articulo 700 bis que se agrega recientemente al Código y que son:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice

del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal de la Nación, en contra del otro progenitor;

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata;

c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.


Agrega también esta reforma que operara para estos delitos en grado de tentativa también.


¿QUÉ SE MODIFICA?
 Se modifica el articulo 702, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:
a)La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.

b)El plazo de condena a reclusión y la prisión por más de tres (3) años.

c)La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad 
por razones graves de salud,conforme lo dispuesto en leyes especiales.

d)La convivencia del hijo o hija con un tercero,separado de sus progenitores por razones graves, conforme con lo dispuesto en leyes especiales.

e)El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el art.700 bis.


¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA REFORMA?
El objetivo con el que fue sancionada la Ley que da nueva forma al instituto de responsabilidad parental tiene como fin el cese de esta potestad a los progenitores cuyos ilícitos encuadran en lo que conocemos como "violencia de genero". De esta forma se realiza una profundización de la legislación en la misma linea de las reformas que agravaban las penas por a quienes cometían delitos por cuestiones de género. El desafío es ahora determinar si esta reforma ayuda o representa un obstáculo  para la integración familiar ya que como observamos, con el mero procesamiento del imputado basta para privarlo del ejercicio de la responsabilidad parental. 

¿USTED QUÉ OPINA? 

domingo, 18 de junio de 2017

QUITA DE PENSIONES: CLAVES PARA ENTENDER LA CONTROVERSIA... (Por Ezequiel Espina)


¿QUÉ SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS?
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales. Hay cuatro tipos de pensiones según fuentes oficiales del Gobierno, y están contempladas para: 1) las personas incapacitadas en forma total y permanente, 2) madres de siete o más hijos, 3) pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor, y 4) “pensiones graciables” que entregó el Congreso. 


¿QUIENES PUEDEN SER LOS BENEFICIARIOS?
La reglamentación que establece estos criterios rige desde 1997, no se ha modificado y se encuentra regulada en el Decreto 432/97.
Allí especifica que para ser alcanzado por el beneficio, se deben reunir determinados requisitos a saber:

a) Tener SETENTA (70) o mas año de edad, en el caso de pensión a la vejez.

b) Encontrarse incapacitado en forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez (Se presume que la incapacidad es total cuando la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del SETENTA Y SEIS (76 % o más). 

A su vez, existen determinados impedimentos para su concesión como ser: 

f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
i) No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

Por otra parte, se especifica en los puntos g) y h), que: "la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar, como así también, cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o algún amparo".

¿QUÉ GENERÓ LA CONTROVERSIA? 
Según publicó la fuente oficial del Gobierno, "desde diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales genera altas y bajas en el sistema todos los meses, cumpliendo la ley y cuidando a quienes más lo necesitan. 
Pero contrariamente a lo que se informa, muchos de los supuestos beneficiarios se habrían visto injustamente perjudicados por las medidas de la actual gestión.
No hemos modificado ningún requisito de inclusión a las pensiones. Seguimos trabajando con el mismo sistema, criterios y normas reglamentarias existentes. Los controles son mensuales."


¿EXISTE AFECTACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS?
La respuesta es afirmativa, más aun considerando que nuestra Nación adhiere a la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, como uno de los Tratados con Jerarquía Constitucional conforme lo reglamenta el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. En razón de ello, debería primar la interpretación de la normativa nacional en congruencia con los preceptos en materia de Tratados Internacionales a los que está obligada a nuestra Nación.

¿QUÉ CUESTIONES DE RELEVANCIA PODEMOS RESALTAR? 
En primer término, los siguientes incisos del PREÁMBULO de la mentada Convención:
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de políticas que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo.
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad.

Continua diciendo la CONVENCIÓN que cuando hablamos de personas con discapacidad,  se incluyen "a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Resalta también que por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por otra parte, cuando enuncia las obligaciones de los ESTADOS PARTE, los constriñe a: 
a)Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;


Por último, incluye que:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover
el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.

REFLEXIONES FINALES:
La discapacidad no puede encasillarse solo en los términos que el Decreto impone, ya que como observamos en un concepto que evoluciona, por lo que deben ser atendidos los distintos impedimentos físicos y sociales que en la realidad actual presentan inconvenientes para que los sujetos puedan desenvolverse en la sociedad. Más aún considerando la inequidad y las dificultades que las instituciones poseen a la hora de asegurar el acceso y permanencia de los sujetos en los ámbitos sociales, laborales y en materia de Derechos. 
Por lo expuesto, resulta entonces que no se puede considerar pertinente la fundamentación vertida por la actual gestión de Gobierno. Esto en virtud de que se encuentra por encima del deber de hacer cumplir el Decreto 432/97, el respeto por los DERECHOS consagrados en la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, siendo que de hecho este último posee mayor jerarquía.
Lo que quiero decir entonces es que el Estado debe evaluar la validez y vigencia del Decreto 432/97, ya que de no ser congruente con la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD no debería ser aplicado tal como se encuentra redactado. ¿Por qué? Esto porque de ser así, dejaría afuera a muchas personas que sufren una discapacidad privados de un DERECHO.
Hay que tener en consideración que el Decreto que pretende aplicar el Gobierno de forma literal tiene un criterio muy restrictivo, mientras que la CONVENCIÓN posee un criterio muchos más integral y amplio.
En caso de controversia entre dos normas, siempre prevalece la de mayor jerarquía, y en este caso debería ser la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Las decisiones adoptadas por la cúpula de Estado significan una seria afectación a los Derechos de las personas y no encuentran amparo legal alguno. En todo caso serían una manifiesta medida de ajuste que merece un profundo reproche social...

¿USTED QUÉ PIENSA?



miércoles, 14 de junio de 2017

MACRI Y EL MÉTODO DE "SI PASA; PASA" (Por Ezequiel Espina)

Polémicas y peligrosas resultan ser las maniobras políticas de un Gobierno que escabulléndose el método de "prueba y error" aplica un significativo recorte en materia social al pueblo.
El famoso "estamos aprendiendo sobre la marcha" o las maniobras de vuelta atrás luego de evaluar el disgusto de la opinión pública luego de la aplicación de una medida, resultan ser formas repudiables de manejo de la Administración Pública.  
La "mala praxis" política se torna una constante en las decisiones de un modelo de Estado que poco convence a la hora de intentar fundamentar las maniobras de recorte que nos han llevado a una preocupante desigualdad social.
Recientemente desayunamos con la noticia de que era ya un hecho la quita y recorte de pensiones por discapacidad para lo cual, lógicamente, era de esperarse una respuesta de los responsables políticos de la Administración Pública. Pero poco feliz resultó ser el fundamento esbozado. Consideremos en primer término que, bajo el velo de "hacer cumplir la ley", se aplicó un viejo decreto que data de 1997 en donde se estipulan una serie de requisitos para ser beneficiario de las pensiones en casos de sufrir una discapacidad.
Bajo el precepto de evitar la "viveza criolla" y que desaparezcan los "vividores del Estado", alegando que la gestión anterior hizo entrega de una cantidad exorbitante de beneficios a quienes no debía, se dieron de baja Derechos ya adquiridos en desmedro de disposiciones Constitucionales dando una clara muestra de inequidad social.
Es claro que ninguna medida política puede ser pensada más para "evitar el aprovechamiento de los vivos" que para ayudar a los más necesitados. Más aún si consideramos el monto de las pensiones que, lejos de ser una solución para muchas familias y personas, al menos significa un aporte de necesidad que el Estado ofrecía en consideración al carácter adverso que la realidad social les está representando (léase  falta de oportunidades laborales, falta de adecuación de los medios de transporte, de la atención médica hospitalaria, etc.).
Como algunos funcionarios de la actual gestión dijeron "Una persona con síndrome de Down no debe recibir la pensión; puede trabajar", sin embargo la realidad es que las oportunidades de capacitación laboral y de ingreso y permanencia al mercado laboral son muy limitados.
Para finalizar, desearía resaltar la falta de congruencia de una cúpula gubernamental que intentando palear un déficit fiscal, por un lado quita el impuesto a los autos de alta gama y por otro, priva a muchas personas que sufren una discapacidad de acceder a un monto mínimo que les ayude a costear sus necesarios gastos.
Una vez más entonces el Gobierno actúa en atropello a los Derechos del pueblo, pero no importa, porque si pasa, pasa...

¿USTED QUÉ PIENSA?

jueves, 1 de junio de 2017

DELITO DE PORTACIÓN DE ROSTRO (Por Ezequiel Espina)

"Portación de rostro" o también conocido como "detención por averiguación de antecedentes" son las formas en que conocemos una vieja y conocida costumbre de los agentes policiales en la vía pública. Realicemos entonces un repaso sobre los aspectos jurídicos que engloban esta delicada y controvertida cuestión. 

¿ALGUNA NORMA PERMITE LA AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD EN LA VÍA PÚBLICA?
La respuesta es un rotundo NO. Nadie está obligado a revelar su documentación frente al pedido de un agente policial sin fundamento. Permitir este accionar significaría legitimar un obrar autoritario y arbitrario del Estado sobre los derechos de libre circulación de los individuos y un atropello sobre su intimidad. 
La realidad es que sin mediar orden judicial, requerimiento de paradero o de búsqueda por algún delito que se esté investigando no existen fundamentos válidos para demorar a un ciudadano. 

¿POR QUÉ SE LEGITIMÓ ESTA PRÁCTICA INCONSTITUCIONAL?
La realidad demuestra que el avasallamiento de las libertades de los sujetos no responde a una cuestión estrictamente jurídica sino más bien social. Los atropellos de Derechos son sufridos mayoritariamente por una determinada franja de la población. Pensemos que el hecho de ser un joven de clase baja vestido de ropas oscura, con gorra, zapatillas deportivas que transita la vía pública en horas de la noche parecería ser fundamento suficiente para considerarlo sospechoso de delito. 
En este contexto es que se legitima un accionar persecutorio por las fuerzas de seguridad del Estado que persiguen ya no delitos sino estereotipo de "delincuentes".

¿USTED QUÉ PIENSA?

¿ES VALIDA LA REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL? (Por Ezequiel Espina

¿SE ENCUENTRAN HABILITADOS LOS POLICÍAS PARA REALIZAR REQUISAS?
La respuesta es que sí, y para estar más seguro debemos consultar en los Códigos de procedimiento. La regla general es que se podrá proceder a requisar un veículo prevía orden judicial emitida por Juez competente siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta cosas relacionadas con un delito.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA ORDEN?
Podríamos considerar al menos los siguientes ítems: la identificación de causa en la que se libra; la indicación concreta del lugar, lugares o personas que habrán de ser registrados; la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. Hay que agregar también la necesidad de contar con testigos que den fe de las diligencias practicadas y la confección de un acta que detalle:  la fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento; si las dictaron los declarantes. Luego, previa lectura, deberá ser firmada por todos los intervinientes.

¿QUÉ SUCEDE SI LA POLICÍA NO CUENTA CON ORDEN JUDICIAL?
Esta es una pregunta clave, ya que este punto genera mucha controversia en materia judicial. El principio general como se expuso es que no, sin embargo, ante determinadas situaciones excepcionales la Policía puede proceder a realizar una requisa sin contar con orden judicial. 
Esta situación excepcional es válida si y solo si se realiza con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y que se practiquen en la vía pública o en lugares de acceso público. Todo esto sin perjuicio de labrar el correspondiente acta con los requisitos advertidos en el punto anterior y ante la presencia de testigos.

¿ES CONGRUENTE LA NORMA CON EL FIN?
La realidad es que no. Si bien se me podría objetar que una persona inocente no tiene nada que esconder y que por lo tanto nada debe entorpecer el trabajo de los agentes Policiales cuando se propongan realizar este tipo de diligencias, la realidad es que ningún ciudadano se debe ver obligado a ser sometido al control del Estado por causas arbitrarias. Menos aún, cuando la voluntad no viene de un Juez competente que es el único habilitado para indicar la medida, y que presupone que posee fundamentos suficientes para su realización.
Por otra parte, permitir las requisas sin orden previa alimenta un sistema de Derecho Penal de autor en donde no se persiguen delitos sino personas, sometiendolas de manera constante e injustificadamente al control de las fuerzas del Estado, cuestión que resulta claramente antijurídica.
Por último, podríamos considerar también la posibilidad de que se "plante prueba", esto es, se coloque elementos u objetos constitutivos de delitos en donde no estaban.

¿USTED QUÉ PIENSA?

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