jueves, 19 de mayo de 2016

Veto Presidencial: Legalidad vs Legitimidad (Por Ezequiel Espina)


¿CÓMO SE FORMAN Y SANCIONAN LAS LEYES?
Las leyes pueden tener inicio en cualquiera de las dos Cámaras (la de Senadores que representa a las Provincias, y la de Diputados que representa al Pueblo de la Nación) salvo expresas excepciones. Existe entonces una Cámara iniciadora y una Revisora. Aprobada por la primera pasa a la segunda, y si logra su aprobación por mayoría pasa al Poder Ejecutivo para su examen.

¿QUÉ PUEDE HACER EL PODER EJECUTIVO?
Existen tres posibilidades, que lo apruebe (promulga), que no se expida (pasados los 10 se tiene por aprobado tácitamente) o bien puede vetarlo

¿QUÉ ES EL VETO PRESIDENCIAL?
El veto es una atribución del Poder Ejecutivo consistente en el rechazo o impedimento de un proyecto de Ley proveniente del Congreso. Existen dos tipos: el veto total, en este caso está obligado a enviar el proyecto con sus objeciones a la Cámara de Origen, para que allí se inicie el proceso de insistencia legislativa; y el veto parcial, en este caso se pueden dar dos supuestos: a) enviar todo el proyecto con las observaciones parciales a la Cámara de origen, si es que la parte no objetada no posee autonomía normativa y, de promulgarse parcialmente, quedaría alterado el espíritu o la unidad del proyecto; b) vetar parcialmente la ley y promulgar los tramos no observados de la norma.  

¿PUEDE PROSPERAR UN PROYECTO DE LEY LUEGO DE SER VETADO?
Así es, ya que de insistir ambas cámaras con la aprobación de mayorías absolutas, el proyecto de Ley no pasa nuevamente por el Poder Ejecutivo y pasa a ser Ley vigente. 

¿POR QUÉ DESATA TANTA POLÉMICA ESTA CUESTIÓN?
Como sabemos, el órgano democrático de deliberación y debate por excelencia es el Poder Legislativo. Allí los representantes electos por el voto popular discuten y crean proyectos de Ley conforme a las necesidades de la población, es por ello que los proyectos de allí surgidos presuponen una legitimidad manifiesta. Entonces pensemos, si el Congreso esta constituido por los Representantes de las Provincias y del Pueblo de la Nación Argentina, y es un órgano plural de debate, que además supone la deliberación y acuerdo de las mayorías, ¿por qué entonces un órgano unipersonal como el Ejecutivo puede vetar una decisión mayoritaria del Poder facultado para producir leyes?
Tal como hemos repasado, es legalmente posible el veto Presidencial, pero debemos preguntarnos que tan legítimo puede resultar esta atribución del Poder Ejecutivo, podría verse entonces como un abuso del Ejecutivo avasallando la voluntad del Legislativo, ya que obliga a una insistencia del órgano no ya con mayoría simple, sino agravada. Es aquí cuando el Derecho y la Política se entrecruzan arduamente, pero a la hora de razonar no debe olvidarse algo: cualquier decisión debe ser pensada en favor del Pueblo...

¿Usted qué piensa?

sábado, 14 de mayo de 2016

Mc Donald´s: trabajo "express" como respuesta del Estado... (Por Ezequiel Espina)

Una fuerte lucha se desató entre las banderas políticas frente a la cuestión conocida como "emergencia laboral". Por un lado la oposición arremetió con la intención de implementar la "Ley antidespidos", pero el oficialismo tenía un as bajo la manga, el "Plan Primer Empleo"
Este proyecto tiene como fin la creación de puestos formales de trabajo, alentando la contratación en blanco de jóvenes de entre 18 y 24 años, que signifique su inserción en el mercado laboral con proyección de ascenso social, a partir de exenciones impositivas y subsidios a las empresas contratantes durante tres años; lo cual traería como resultado "trabajo de calidad" para una franja numerosa de nuestra sociedad.
Causó repercusiones que la más impactante, sino la primera, de las empresas que  realizan convenio con el Estado en orden a este Plan Nacional, fue la gigante multinacional Mc Donald´s. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE ACUERDO? 
Se contempla la creación de 5.000 puestos de trabajo para jóvenes cuyas edades ronden entre los 18 y los 23 años, en donde se implementará un proceso de prueba de 30 horas semanales (consistente en 6 horas diarias) enfocadas en prácticas formativas y reales en un ámbito de trabajo efectivo; que brindaría a los beneficiarios de todo el país, un sueldo de $4.500 cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral, entre otras prestaciones.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE ESTE ACUERDO?
Vamos a comenzar diciendo que el espíritu del Plan es noble, sin ningún tipo de duda es conveniente una maniobra política que busque la inserción laboral de una franja tan desprotegida como los jóvenes, siendo que la estabilidad laboral y el intento por asegurar puestos de trabajo para la población debe ser una prioridad del Estado.
Las criticas que puedo realizar a este convenio tienen que ver en el desfase entre tales principios contemplados por la norma y la realidad planteada. Por un lado considero que el ingreso por la tarea, si bien no contempla la jornada de 8 horas diarias, no alcanza el mínimo vital y móvil, cuestión indispensable al menos para salir de los indices (por lo menos estadísticos) de pobreza. Por otra parte, sin ser desmerecedor de las tareas laborales, y dejando por sentado que me parece noble el trabajo humano que dignifica la existencia, dudo de la posibilidad de progreso y desarrollo técnico en el marco de las tareas en las cadenas de comida rápida, puesto que su labor nos recuerda más las cadenas de montaje Fordistas y la organización Taylorista alienantes, que a la posibilidad de explotación creativa de progreso propio de todo ser humano.
Por último, y no menos relevante, quiero resaltar que el hecho de acordar con una empresa privada de capital extranjero símbolo del capitalismo en estado puro, me parece poco feliz, ya que la activación del mercado y la asignación de fondos públicos para alentar el empleo me parecería más acorde en empresas con participación estatal o pymes de capital nacional, en favor de un mayor fortalecimiento fronteras adentro.

¿USTEDES QUÉ PIENSAN?

miércoles, 11 de mayo de 2016

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL LIBRE ACCESO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA... (Por Ezequiel Espina)

Fuerte polémica causó el fallo del Juez Pablo Cayssials, que hacía lugar al pedido de una medida de amparo solicitada por la Universidad Nacional de La Matanza, solicitando la inconstitucionalidad de la ley 27.204 modificatoria de la tan confrontada "Ley de Educación Superior" (Ley 24.521).
Repasemos entonces los puntos más salientes de la cuestión.


¿POR QUÉ SURGE EL CONFLICTO?
La cuestión surge con un pedido efectuado por las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza, alegando que, por un lado, en el Art 2º de la Ley 27.204 "...el Estado Nacional decidió inmiscuirse directamente en contenidos propios de las decisiones académicas que la Constitución Nacional reserva en forma exclusiva a las Universidades Nacionales, por medio del reconocimiento y consagración de la autonomía Universitaria".
Se infiere entonces que el reclamo se basa en que el Estado Nacional abrió indefinidamente las hipótesis de acceso, permanencia y egreso en la Educación Superior.


¿Qué dice el Art 2º de la Ley 27.204?
Esta norma modifica el antiguo Art de la Ley de Educación superior e implica en su primer inciso: "a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley"
Esto en consonancia del Art 4º que modifica el Art 7º de la Ley de Educación Superior: "Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior (...) Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador...".


¿EN QUÉ SE FUNDA EL PEDIDO?
El pedido se funda en base al Art 75 inc 19 de la Constitución Nacional que expresa: "
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden (...)la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades;y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades..."
Por otra parte, citan al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Art 13 inc 2º punto C) expresa: "La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita".


¿POR QUÉ SE HACE LUGAR AL PEDIDO?
El Juez funda en que: "...si bien la enseñanza secundaria debe ser garantizada y hacerse accesible a todos, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad década uno..."
Con esto, coloca un límite en el conocimiento y capacidad técnica, por lo cual no es concebido bajo un criterio amplio sino restrictiva. Con esto, el título que conste el egreso del secundario no es requisito suficiente para el ingreso a la Universidad según entiende el Juez. Por tales cuestiones, el Congreso no puede ilimitar el ingreso mediante una Ley porque estaría violando la autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Nacional.


¿QUÉ PIENSO SOBRE ESTE FALLO?
Consideró errónea la interpretación del Juez en tanto considero que la organización de la institución educativa debe regirse por los Derechos de los ciudadanos en tanto estos sean concebidos como base y no como límite, tal como en la resolución se plantea. Es por tales cuestiones que consideran que el examen de ingreso implica una vulneración en el Derecho de acceso a la educación, aunque consideremos también que os planes estructurados en un régimen de correlatividades muchas veces cumple la misma función. 
Por otra parte, no veo un menoscabo de la autonomía Universitaria en tanto imponga la garantía de hacer efectivo el acceso a la educación, entendiendo que en una interpretación armónica de las normas en cuestión, independientemente de la sanción de la Ley de Educación Superior y sus modificatorias en cuestión, el acceso efectivo a la educación no puede ser restrictivo conforme al principio de autonomía universitaria, en tanto ello atenta con una integración armónica de los Derechos consagrados a los ciudadanos.


¿DÓNDE PUEDO CONSULAR ESTE FALLO?
Pueden ver el texto completo ingresando aquí 



¿Y USTEDES QUÉ PIENSAN?

miércoles, 4 de mayo de 2016

ALTO VALLE: LA NOCHE EN LA MIRA... (por Ezequiel Espina)

Como de costumbre en nuestro país debe acontecer una tragedia para que se desate una ola de propuestas normativas para regular algo que resulta ser moneda corriente.
La droga en sus diferentes formas resulta de consumo ocasional y habitual en todas las edades y clases sociales, algunas legales y otras ilegales, pero es común su consumo. Miles de jóvenes de los estratos sociales más carenciados mueren diariamente por el consumo de estupefacientes, pero parece no ser tan resonante como la muerte, también lamentable, de jóvenes en una reconocida fiesta electrónica.  
La cuestión es que se desató un fuerte interés por las autoridades en plantear la lucha contra "los vicios", y contrariamente a lo que podría esperarse de un planteo serio, se está tratando una política superficial y errada.
De las Ciudades de Cipolletti, Cinco Saltos, Neuquén, Senillosa, entre  otros Municipios tendrían pensado implementar una nueva regulación de los horarios de funcionamientos de boliches y pubs, a los fines de, según uno de los Intendentes de las Ciudades en cuestión, reducir los tiempos de exposición de los jóvenes al alcohol y a las drogas
El notorio problema de este tipo de normativas es que; en primer lugar, parecen desconocer un hecho social, la droga y el alcohol se consumen independientemente del espacio; en segundo lugar, considerar a los locales nocturnos como polos potenciales principales de consumo es un gran error, ya que como se dijo en el primer punto, son múltiples los espacios de consumo (plazas, casas particulares, etc); en tercer lugar, acotar el horario de funcionamiento no representa una forma de alejar del consumo, quizá no estén al tanto los funcionarios de gobierno, pero actualmente existen las "previas" y los "after" donde se consume en igual o mayor cantidad que en locales nocturnos; en cuarto lugar, parecería ser una cuestión de "extensión" y no de "intensidad", cuando podríamos considerar que al acotar los horarios se podría consumir igual en menos tiempo, nada obsta que se pueda realizar ese razonamiento. 
De esta forma, creo que hacen recaer sobre los locales nocturnos una suerte de "estigma" como polos de exceso y vicio, cuando en primer lugar no puede ningún nivel del Estado regular cuanto puede consumir una persona (ya que se encuentra en la órbita de las garantías del Art. 19 de la Constitución Nacional) y en segundo lugar, si efectura los debidos controles reduciría mas eficazmente algunos de los problemas de los que debe ocuparse (conceder debidamente las habilitaciones, hacer las inspecciones atinentes en materia de salubridad y seguridad, controles de alcoholemia a automovilistas).
Considero que una política eficaz en la materia de la lucha contra la droga debe tener en miras la concientización de los nocivos efectos de las drogas en la salud y de que no hace falta el consumo para divertirse, pero considerar como política de fondo el acotamiento de los locales nocturnos me parece de lo más pobre de ingenio.      
Por si esto fuera poco, no estoy al tanto de que los casinos fueran incluidos entre los locales a regular, al parecer allí uno de los "vicios legales" como lo es el juego podrá seguir su andar. ¿Será por el caudal de dinero que mueven? 
En síntesis, me asombra el nivel de hipocresía, frente a una conducta social corriente, que se intenta regular de la manera más superficial y gratuita (recordemos que acotar horarios de boliches y pubs es más cómodo que montar un programa de prevención).   

¿Usted qué piensa? 

martes, 3 de mayo de 2016

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN CRISIS... (Por Ezequiel Espina)

Las recientes manifestaciones en la Universidad de Buenos Aires alertando sobre la falta de presupuesto que ponen en peligro el normal funcionamiento de la institución, fue un llamado de atención frente a la delicada situación de las casas de altos estudios, pero la histórica y prestigiosa Universidad de Buenos Aires no es la única afectada.
La situación de emergencia edilicia, el conflicto docente en torno a las paritarias y los aumentos en servicios e insumos de extrema necesidad atentan contra el dictado regular de clases, y de dichas problemáticas no se encuentra exenta nuestra Universidad Nacional del Comahue, entre tantas otras. 
El reciente comunicado algunas de las carreras de la UNCO y de la Universidad de Río Negro, como así también la noticia de que el rector de la Universidad junto a otros rectores mantendrá una reunión con el Ejecutivo Nacional por las mismas causas, hace sonar las alarmas frente al potencial peligro que esta situación representa. 
Debemos contemplar que este tipo de situaciones no sólo va en desmedro de la calidad educativa ofrecidas a los actuales estudiantes de las Universidades públicas afectadas, sino que puede representar un eventual éxodo hacia el sector privado en busca de mayor regularidad de clases. Esto significa un claro vaciamiento de uno de los orgullos más grandes como nación: la educación pública gratuita y de calidad.
Frente a la reciente respuesta del Ejecutivo Nacional sobre la asignación de $500 millones extras, que según algunos medios operaria como adelanto de un giro previsto para el mes de octubre, cabe decir que según los indices de gastos que se barajan en las Universidades, no estaría siendo suficiente aun para solucionar las problemáticas
en cuestión
Es menester entonces solicitar una pronta actuación de los funcionarios de gobierno para solucionar esta delicada situación, ya que una Universidad que no abre sus puertas es un menoscabo de los Derechos actuales y una falencia en la educación de los profesionales del futuro. 
Por tales razones debemos dimensionar problemas que resultan moneda corriente, pero que amenazan con la ele de las consecuencias. 

lunes, 2 de mayo de 2016

IMPUESTO AL CIGARRILLO ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? (Por Ezequiel Espina)

¿EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA?
Si bien el Gobierno Nacional decidió prorrogar hasta diciembre la alícuota del 7% del impuesto adicional de emergencia (manteniendo lo previsto por el decreto 518/2000), desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas comunicaron que se tiene en vistas la eliminación de ese gravamen, pero que regirá un incremento de la alícuota del impuesto interno de entre un 65% y 75%.


¿QUÉ EFECTOS PRODUCE?
Esta medida tiene como consecuencia un aumento del Fondo Especial del Tabaco (FET), previsto en un valor mayor a los $1.1000 millones de pesos, destacando que esta situación beneficiará a las provincias productoras como Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.


¿CON QUÉ FINES SE PIENSA IMPLEMENTAR?
Es una política estratégica de reducción del déficit fiscal con el objeto de no afectar a las Provincias productoras y a los ingresos productores en General. De esta manera, se concretaría una reducción sustancial en el actual déficit del sistema sanitario provocado por gastos derivados de las consecuencias del tabaquismo.


¿QUÉ PIENSO SOBRE ESTA MEDIDA?
Considero que si bien el espíritu de la norma intentaría ser una suerte de compensación, esto es que los mismos sujetos que consumen cigarrillos solventen los tratamientos de afección por dichas causales, sin alterar en principio los ingresos de las Provincias afectadas a la distribución; difiero con la óptica del tratamiento de la causa, ya que si bien existen impuestos que gravan los cigarrillos como forma de "desaliento de consumo", la cuestión de políticas de salud deben estar enfocadas más en una prevención que una compensación de consecuencias de enfermedades por tabaquismo.
Por otro lado, la eventual baja del consumo a raíz del incremento de precios y posible déficit empresarial deberá ser soportado por los mismos ciudadanos, esto es, un corrimiento del sacrificio del aumento que cae en cabeza de los consumidores. Esta es una medida poco feliz ya que afecta de forma directa el bolsillo del usuario, pero siendo que se trata del consumo de productos que no son de extrema necesidad y su consumo es voluntario, el debate de su aplicación entiendo puede ser algo más amplio.


¿Ustedes qué piensan?

domingo, 1 de mayo de 2016

Aumento del Trasporte Público: ¿POR QUÉ TANTO ALBOROTO? (Por Ezequiel Espina)

Con cada aumento de las tarifas del trasporte público se produce un grito al cielo manifestando una fuerte queja de millones de usuarios en el país, ¿este reclamo es legítimo? ¿si todo aumenta por qué se quejan? ¿es responsable el Estado?
Para responder estos interrogantes empecemos por algunas cuestiones previas a saber...

¿Qué son las necesidades públicas?
Las necesidades públicas son entendidas como las demandas de un colectivo social de individuos y que dan origen a la existencia del Estado, como garante de la atención de estas. Ejemplos de necesidades públicas son: educación, salud, servicio de Justicia, transporte, defensa exterior, etc.

¿Qué son los Servicios Públicos? 
Se concibe al Servicio Público como la actividad realizada por la Administración de forma directa o indirecta para la satisfacción de una necesidad pública. 
Cuando hablamos de que la realiza de forma directa nos referimos a los casos que el Estado mismo realiza la actividad, como es el caso de las escuelas u hospitales públicos.  
Cuando decimos que lo hace de forma indirecta, es que lo presta a través de concesionarios, por ejemplo en el caso del Transporte Público Urbano de pasajeros que es prestado por empresas privadas.

¿Cuál es el rol del Estado?
En los casos de prestación del Servicio Público de forma indirecta, esto es por licencias, concesiones, permisos, etc; el Estado impondrá las condiciones de dicha prestación, contemplando por ejemplo frecuencias, características, tarifas, etc. En síntesis: deberá limitar, regular, organizar, controlar, fiscalizar y sancionar. De esto se encarga el Estado y en ente regulador (entidad taquicardia con la función de controlar que la prestación del servicio se preste debidamente, en el presenta caso es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte).

¿Esta bien que aumente la tarifa del Transporte Público?
No se trata de si esta bien o esta mal, en un contexto inflacionario es esperable que esto ocurra, pero debe ir en sintonía con la capacidad de gasto de los usuarios, o en todo caso se deben aplicar subsidios para evitar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos. Recordemos que no estamos hablando de cualquier tipo de aumento, sino de una actividad esencial en el entramado social, que amerita una presencia del Estado en atención a la satisfacción de una necesidad social.

¿Existen tarifas diferenciadas?
Así es, está presente la posibilidad de acceder a una tarifa social en viajes viajes en trenes y colectivos son subsidiados en un 55% por el Estado nacional, en todo el país donde funciona SUBE, para aquellas personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:
  • Jubilados y pensionados
  • Excombatientes de la Guerra de Malvinas
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
  • Programa de Jefes de Hogar
  • Asignación por embarazo
  • Plan Progresar
  • Personal de Trabajo Doméstico
  • Argentina Trabaja y Ellas Hacen
  • Monotributo social
  • Pensiones no contributivas
En síntesis...
El aumento de tarifas del Transporte Público no es una cuestión menor, ya que afecta a miles de usuarios que se ven obligados a su utilización diariamente, y su incremento puede significar una afectación seria en su calidad de vida.
Por tales razones, el aumento de precios en otros ordenes no configura en principio una desventaja sobre el patrimonio, pero en la esfera de las necesidades publicas, debemos contemplar que cualquier incremento si lo configura, es por tales razones que es necesaria una previsión seria del Estado para buscar una medida que resguarde las necesidades de los ciudadanos en estos rubros, es allí donde se evidencian las prioridades de un gobierno. 

¿Ustedes qué piensan?  

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