miércoles, 14 de septiembre de 2016

CLAVES PARA ENTENDER LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA... (Por Ezequiel Espina)

Se acaba de sancionar con fuerza de Ley el proyecto presentado por el oficialismo referente al acceso a la información pública. Siendo que la publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios republicanos de nuestro gobierno, la regulación de la materia parece un claro acierto político. Pero antes de celebrar o repudiar repacemos algunos aspectos de sus alcances.


¿EN QUÉ CONSISTE ESTA LEY?
Sinteticamente podríamos decir que se propone con esta Ley es obligar a los poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo breve, estipulando sanciones para las áreas que no cumplan con la norma.
En palabras del Presidente Mauricio Macri, la Ley "busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo".

¿CUALES SON LOS ENTES A LOS CUALES SE LES PUEDE REQUERIR INFORMACIÓN?
Los entes comprendidos en la norma factibles de ser sujetos pasivo del requerimiento  son: la administración pública nacional (conformada por la Administración Central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social); el Poder Legislativo; el Poder Judicial; el Ministerio Público Fiscal; Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación Estatal mayoritaria; sociedades de Economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 
Incluye además a concesionarios, permisorios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades y cualquier entidad privada a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado.

¿HAY EXCEPCIONES CONTEMPLADAS?
Así es, por tal razón se esta exento de cumplimiento en los casos de :
-Información clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones d defensa o política exterior.
-Información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero.
-Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA OBTENER UNA RESPUESTA?
La Ley prevé un plazo breve, por lo cual la información deberá ser contestada en un lapso no mayor a 15 días hábiles desde presentada la solicitud, aunque podrá otorgarse una prorroga de otros 15 días a favor de la solicitada, pero nunca podría entonces exceder del pazo de 30 días hábiles. 

¿QUÉ PASA ANTE EL SILENCIO, DENEGATORIA O INFORMACIÓN PARCIAL?
En estos casos se debe interponer recurso por la vía administrativa.

¿LE CABE ALGÚN TIPO DE SANCIÓN AL ENTE QUE INCUMPLE?
La ley contempla que se establecerá la responsabilidad que cabe ante la obstrucción, la obstaculización o el suministro incompleto de la información pública, ante lo cual se considera falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades conforme al ordenamiento Civil y Penal.

¿EXISTE ALGÚN ENTE QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY?
Efectivamente, por lo cual se ordena la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública que funcionará dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Sus funciones serán:
-Asesorar a la ciudadanía sobre la tramitación de una solicitud de información.
-Coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública designados por cada jurisdicción.
-Realizar capacitaciones en la materia e impulsar las sanciones administrativas ante los funcionarios incumplidores.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE Y CÓMO SE ELIGE?
El mismo sera dirigido por un director de Agencia, el mismo tendrá rango de subsecretario de Estado, durará 5 años en el cargo y podrá ser reelegido por única vez. Este será elegido mediante procedimiento abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato. 
Se creará además un  Consejo Federal para la Transparencia cuya función será coordinar las acciones en materia de transparencia,  y que estará integrado por un representante de cada una de las provincias y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será presidido por el director de la Agencia. 

¿SOLO EXISTIRÁ UNA AGENCIA EN LA ÓRBITA DEL PODER EJECUTIVO? 
La respuesta es no, ya que se establecerá la obligación de crear organismos de acceso a la información pública con las mismas funciones en el ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos (Fiscal y de Defensa).

¿USTED QUÉ OPINA? 

domingo, 11 de septiembre de 2016

EL NEGOCIO DE LA JUSTICIA... (Por Ezequiel Espina)

Con fecha 24 de agosto y por informe expte. N° 15/0606 D/P de la Procuración General de Río Negro, se ordenó a los Defensores Oficiales requieran la regulación de honorarios de las causas donde hubieran actuado.
La polémica en torno a esta cuestión gira alrededor de la onerosidad del derecho de defensa brindado por el Estado frente a la actuación del Defensor Oficial en la órbita del proceso penal. 

¿QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN RIONEGRINA?
La Ley K 4199 sobre Ministerio Públicos expresa:
Artículo 30: "Escasez de recursos del requirente. A excepción del fuero penal, los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, actúan en calidad de abogados patrocinantes o apoderados de las personas que acrediten no contar con medios económicos suficientes para acceder a la jurisdicción, trámite que se inicia con una declaración jurada suscripta por el interesado ante el Defensor, en la que consta el requerimiento, los bienes e ingresos con los que cuenta y la conformación del grupo familiar..."

Artículo 39: Honorarios. "En todas las causas en que actúan los defensores públicos, los magistrados regulan los honorarios devengados por su actuación.
El Ministerio Público de la Defensa persigue por cualquiera de sus funcionarios, autorizados por el Defensor, el cobro de los honorarios regulados cuando el vencido sea la parte contraria y después que sus defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses o cuando hubiese una mejora notable de fortuna..."

Artículo 41:Honorarios en procesos penales. "En los procesos penales, los magistrados deben regular los honorarios del Defensor cuando de los informes suministrados a los fines de los artículos 26, 40 y 41 del Código Penal surja que el encausado posee capacidad económica para pagar los honorarios de un letrado particular. Asimismo, en aquellos procesos penales en los que la parte querellante resultare vencida se establecerán los honorarios del Defensor y costas conforme corresponda..."

Cabe mencionar que el principio de gratuidad no queda mencionado dentro de los principios que rigen la institución, por tales cuestiones, en el resto de las esferas del derecho se puede solicitar asistencia letrada Oficial cumpliendo los requisitos del beneficio de litigar sin gastos, dejando a salvo la distinción para el fuero penal. Sin perjuicio de ello, no se presenta de manera manifiesta el procedimiento para constatar la solvencia de los sujetos sometidos a proceso, a pesar de lo cual, es común en la práctica que quienes cuenten con capacidad económica suficiente opten por designar un Abogado particular.

¿QUÉ CONTROVERSIAS SURGEN CON LA REGULACIÓN DE HONORARIOS EN EL FUERO PENAL?
La grave contradicción que suscita el pedido de pago por el servicio de Defensa Oficial tiene que ver con que, a diferencia de otros fueros, en el proceso penal es el Estado quien impulsa la acción penal, osea quien investiga y somete a proceso a los particulares. Así, en caso del dictado de sobreseimiento o absolución, es claro que la parte vencida resulta ser el Estado, por tal razón resulta desmedida la regulación de honorarios a favor de este mismo. ¿Cómo puede ser razonable que quien insta a un proceso y resulta "vencido" pueda obligar a su contraparte a cargar con los gastos que no motivó? Es claramente un acto abusivo por parte del Estado.
Pero por si esto fuese poco, pensemos en la siguiente posibilidad: un sujeto que es obligado a abonar los honorarios oficiales y en caso de no querer hacerlo, si quisiera apelar necesitaría la designación del Defensor Oficial, esto es, la parte que le exige el pago estaría actuando en la apelación del mismo. Un claro ejemplo de intereses contrapuestos.
Toda esta argumentación está sostenida en una práctica habitual de nuestro sistema, en donde quienes solicitan la asistencia letrada del Estado son personas de escasos recursos económicos.
Si bien podría objetarse que es tarea de los Magistrados merituar los supuestos para contemplar la procedencia en el dictado de la regulación de honorarios, lo cierto es que parece una práctica desleal por parte del Estado el pedido de regulación de honorarios en todas las causas sin consideración del órgano mismo que lo solicita la capacidad económica de quien asiste y la tarea efectivamente prestada.
Amén de estas cuestiones considero que la asistencia letrada brindada por el Estado debiera tener carácter gratuito, más aún considerando que en nuestra provincia no se desprende de forma clara la posibilidad de defensa sin asistencia letrada, por tales cuestiones, en caso de no designarse un defensor particular procese la del oficial. Así, se impondría la necesidad de encontrarse siempre en condición de deudor frente al Estado y de este como acreedor por causas penales iniciadas y que no llegan a condena.
Considero de esta forma, que si bien se ampara en preceptos legales, los mismos se tornan violatorios del principio de defensa y de acceso a la Justicia, cuestión por la cual debe ser revisada esta maniobra que resulta llamativamente extraña, ya que con anterioridad no era común el pedido de regulación de honorarios y ahora, próximos a la implementación de un nuevo sistema de procedimiento penal (el cual celebro) que acarrea importantes cambios en la estructura administrativa y edilicia, se comienzan a exigir. Sería vergonzoso pensar que en virtud de llenar más las arcas Estatales se implementen medidas que perjudiquen a las capas más vulnerables de la sociedad...

¿USTED QUÉ PIENSA? 

jueves, 1 de septiembre de 2016

MÉDICO QUE MATÓ AL LADRÓN: ¿CÓMO SE RESUELVE LA CUESTIÓN? (Por Ezequiel Espina)

El proceso iniciado contra Villar Cataldo, médico de 60 años que mató a  Ricardo Krable de cuatro balazos cuando este intentaba robar su automóvil, generó gran repercusión mediática. Sin adentrarnos en la cuestión de fondo del asunto repacemos los posibles desenlaces conforme a la normativa penal. 

¿CÓMO SE CALIFICA EL DELITO?
El hecho se encuentra tipificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por tales cuestiones debemos considerar los art. 79 y 41 bis del Código Penal, a saber:
Art. 79: Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que en este código no se estableciere otra pena.
Art. 41 bis: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda.
Por tales cuestiones, la pena aplicable tendría una escala penal que oscilaría entre los 10 años y la prisión perpetua (según el Estatuto de Roma no podría exceder de 30 años). 

¿PUEDE APLICARSE LA FIGURA DE LA LEGITIMA DEFENSA?
La figura de la Legitima Defensa se encuentra regulada en el art. 34 del Código Penal, el mismo regula causales de imputabilidad, esto quiere decir casos en los que las actos quedan exentos de pena. En el presente la norma regula:
Art. 34.- No son punibles: inc. 6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
En breve síntesis entonces, se estará exento de pena en caso de se cumplan con los tres requisitos antes expuestos: sufrir un ataque injusto, utilizar un medio racional y proporcional para repeler el ataque y no haber dado origen a la causal de agresión.

¿EXISTE ALGUNA FIGURA ATENUANTE QUE SE PUEDA APLICAR?
Así es, y la misma se encuentra contemplada en el art. 81 de nuestro Código, el mismo profesa:
Art. 81: - 1º Se impondrá prisión de uno a tres años:
a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
Podríamos definir la "emoción violenta" como  un supuesto de imputabilidad disminuida, ya que la capacidad psíquica de culpabilidad del autor se encuentra reducida en comparación con la de otro que hubiese podido cometer el mismo injusto (Zaffaroni) o también como un estado psíquico en el cual el sujeto actúa con una disminución de los frenos inhihitorios (Soler).
Para la aplicación de este instituto de "emoción violenta" deben darse los siguientes requisitos:
-El estado emocional: esto significa que debe alcanzarse un estado de conmoción del ánimo que provoque una alteración en la personalidad, alcanzando límites de gran intensidad, pudiendo traducirse en ira, dolor, miedo, etc.
-Violencia de la emoción: la emoción descripta debe necesariamente ser violenta, ergo, arribar a un nivel en el que resulte dificultoso controlar los impulsos. Por ende, la capacidad de reflexión del individuo debe haber quedado tan reducida, que impida la posibilidad de elección de un accionar distinto con la misma facilidad que en supuestos normales, en virtud de la disminución de los "frenos inhibitorios".
-Excusabilidad de la emoción: en primer término implica que debe configurarse una causa provocadora de la emoción necesariamente externa, esto es, no provocada por el mismo sujeto. Debe agregarse también la necesidad de  una proporcionalidad entre el estímulo y la reacción emotiva.
-Actualidad de la emociónes quiere decir que la conducta debe ocurrir mientras dura el arrebato emocional.

Cabe destacar que este análisis esta sujeto a los pormenores de la causa y las respectivas pruebas que las partes prueben para el esclarecimiento del hecho en cuestión. Haciendo esta salvedad, podrían darse también la aplicación de circunstancias procesales por las cuales se dicte un sobreseimiento o un absolución en juicio que implique la inexistencia de aplicación de una pena.
Por lo pronto esto resulta ser un breve análisis orientativo de las posibles aplicaciones del código de fondo en la cuestión.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

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