lunes, 31 de octubre de 2016

INCREMENTO SALARIAL DE LOS PODERES VS INTERESES DEL PUEBLO (Por Ezequiel Espina)

El reciente aumento en las retribuciones del Poder Legislativo y el Poder Judicial da que hablar y mucho en el marco de un estado de crisis que sobrelleva la Nación, más aun considerando la imposibilidad que muchas organizaciones denunciaron de no poder hacer frente al bono acordado a fin de año para los trabajadores.
Si bien la suba se ajusta a derecho conforme a la normativa en la materia, me dispongo a expresar porque considero de esta una maniobra claramente contraría a los intereses de la Nación.
En primer punto, la suma acordada, estimada en 12% para el Poder Judicial y de hasta un 70% en
el Poder Legislativo (contemplando sueldo neto, desarraigo, etc), beneficia también a los escalafones más bajos de los empleados de justicia. En tal sentido podemos considerar justo un aumento para un empleado que debe hacer frente a los gastos que cada vez son más altos pero, consideremos que la proporcionalidad de la suba no es equitativa. Con esto me refiero a que los cargos de magistrados y legisladores de alto rango de la función pública están recibiendo un importante incremento en su poder adquisitivo en tanto sus sueldos son más altos.
De esta forma, si bien estos órganos están facultados para modificar y adecuar sus haberes, la realidad es que el mecanismo no es equitativo en tanto el beneficio mayor sigue siendo para quienes más tienen. Esto significa que los fondos públicos se distribuyen de una manera irrazonable a la hora de hacer frente a los derechos que implican una retribución justa por el desempeño, sin ánimos de desmerecer la tarea de los altos funcionarios, pero a sabiendas de que un congelamiento de su sueldo no significa un menoscabo importante a su estilo de vida por demás cómodo y llevadero.
Por último, y en clara contraposición a los intereses populares, los trabajadores ya sea en el ámbito público y privado no podrán gozar del tan recurrido "bono" de fin de año. Esto demarca que las arcas (en el caso que nos atañe, las públicas) no están en condiciones de afrontar una obligación para las clases más populares, pero si para satisfacer las demandas del órgano más antidemocratico como lo es el Poder Judicial, y del Poder legislativo, que paradogicamente es el órgano representante de las Provincias y del Pueblo de la Nación.

¿Usted qué piensa? 

martes, 25 de octubre de 2016

ABORTO: IMPLICACIONES DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL... (Por Ezequiel Espina)

Si bien la discusión en torno al debate sobre el aborto se centra puntualmente en la órbita del Derecho Penal, la realidad es que existen vertientes de interés para discutir frente al posible impacto o injerencia en y de otras ramas de nuestro Derecho. El objetivo del presente escrito es iniciar una reflexión y debate de algunos de los institutos del nuevo Código Civil y Comercial que hacen a pensar con más profundidad la cuestión de la despenalización.
En primer lugar, existen variaciones sustanciales respecto del comienzo de la existencia humana, aunque se siguen los mismos principios contenidos en la legislación anterior, a saber el actual Artículo 19 establece: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.”
La modificación introducida (el artículo 70 del antiguo código establecía “desde la concepción en el seno materno”) no hace distinción en cuanto al origen de la concepción, sea entonces dentro o fuera del vientre materno. De tal forma, la primera polémica gira en torno a la naturaleza  del embrión, ya que respecto a los concebidos por técnicas de reproducción humana asistida, se mantendrá una legislación distinta de los concebidos por naturaleza. En este sentido es claramente discriminatorio el tratamiento legal no solo a la vida humana del embrión, sino frente a la mujer en los casos de aborto. Pensemos lo siguiente, si una mujer realiza un aborto por cualquier medio puede recibir sanciones penales, pero si con fines científicos, y más precisamente con filiatorios, se pierden o destruyen dichos embriones no habría sanción. Esto se deduce conforme al Artículo 9 de la disposición transitoria segunda de la Ley 26.994, que justamente da cuerpo al actual Código Civil y Comercial, que dice: “La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial”. De esta manera, cabe preguntarnos si el tratamiento apartado responde a que el embrión es considerado persona recién desde la implantación en el seno materno. La respuesta parecería ser afirmativa, por ende, antes de ello no estaría alcanzado por la protección integral relativa a los Derechos Humanos.
La primera polémica se desata entonces frente al aparente trato desigual de la naturaleza humana dependiendo del tipo de concepción; pero siguiendo por este camino, y frente al debate de la despenalización en cuanto a los argumentos que sostienen que la decisión de seguir un embarazo no impacta sobre la vida del niño por nacer sino que es una decisión sobre el propio cuerpo caben las siguientes cuestiones. En primer lugar, se dice que el embrión, incluso hasta el feto para quienes sostienen que la vida comienza desde el nacimiento, son entrañas de la mujer, en tanto existe una dependencia total de la mujer que lleva adelante la gestación, por lo que no es posible establecer un distingo ontológico de personas. De sostenerse estas posturas, ya sea que la vida humana comienza desde la formación del feto (8 semanas) o desde el nacimiento, estaríamos ante un grave desajuste normativo en materia de protección. Esto debido a que el Artículo 665 del nuevo Código Civil y Comercial proclama: “la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada”. De esta manera, es imperioso establecer con precisión el momento de existencia de la vida humana, lo cual lógicamente no puede depender de la voluntad pura y exclusiva de un tercero.
Entonces, pensemos el siguiente caso, de sostener la despenalización del aborto a partir de que es un derecho de elección de la mujer sobre su cuerpo, instalando así el momento de existencia de la vida humana en la octava semana o desde el nacimiento, se estaría dejando en desamparo a muchas madres que se verían impedidas de reclamar alimentos al progenitor, durante el trascurso de la gestación, ya que estos podrían alegar que no tienen deberes frente a las “viceras” de terceros.
Esto deja entrever el desajuste normativo conforme a las posibles razones en las cuales fundar algo que considero necesario: la despenalización del aborto.
Sin lugar a dudas, los fundamentos jurídicos para el sostenimiento de la regulación no son una cuestión banal, por tal razón la mesa de discusión aun merece un amplio debate al respecto.

¿Usted qué piensa?


domingo, 23 de octubre de 2016

EVALUACIÓN EN LA MIRA: EL PLAN APRENDER... (Por Ezequiel Espina)


¿Cuál es el objetivo del Plan Aprender?
El objetivo de Aprender 2016, conforme surge de la propia plataforma virtual, es "relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo. Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa".

¿Qué se evalúa? 
Se realiza una medición de calidad de distintas materias entre el nivel primario y medio, a saber: Lengua y Matemática a los estudiantes de 3º y 6º grado y de 2º o 3º, y a los del último año del secundario, Lengua, Matemática, Naturales y Sociales.

¿A quienes se evalúa? 
Participarán en ella todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursen 6.° grado de la primaria y los de 5.° o 6.° año de la secundaria (dependiendo de la estructura de nivel de cada jurisdicción). Además, a modo de muestra representativa, formará parte un grupo de estudiantes de 3.° grado de primaria y de 2.° o 3.° año de la secundaria (según la estructura de nivel de cada jurisdicción).

¿Cómo es el sistema de evaluación?
Se utilizará el sistema "múltiple choice", en el cuál sobre 24 agregados en cada materia los alumnos deberán responder sobre 4 opciones posibles.
¿Dónde puedo consultar la información oficial del Plan?
La plataforma virtual en donde se encuentra toda la información pertinente realizada por el organismo oficial está disponible en http://www.aprender.educ.ar/

¿Qué criticas podemos hacer a este Plan?
En primera instancia hay que aceptar que la evaluación es una instancia imprescindible del acto pedagógico y sirve como herramienta de constatación del accionar de los distintos agentes que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho esto, se entiende que los conocimientos surgidos de este marco deben y se esperan que sean de calidad para que la escuela sirva como institución instructiva, socializadora y educativa. 
Siendo que esta herramienta se utiliza para medir la calidad de los conocimientos y habilidades desarrolladas en el proceso de formación, la misma debe tener una entidad o formato suficiente y acorde para servir a los fines propuestos, y es por tal razón, que la modalidad de opción múltiple se aleja de los estándares factibles de calidad evaluativa. 

Dejando de lado las antiguas concepciones de conocimiento que asimilaban este como una copia de la realidad, se abren ligar nuevos enfoque pedagógicos que entienden los saberes como elaboraciones propias de los sujetos destinadas a superar las distintas problemáticas que se pueden presentar en la vida diaria. En este marco, la creatividad y la habilidad argumentativa son pilares fundamentales para forjar individuos libres, críticos y reflexivos.  
Bajo los fundamentos antes expuestos, resulta improcedente evaluar los contenidos de la forma propuesta en el marco del Plan Aprender, ya que una prueba estandarizada de opciones estructuradas atenta notablemente con los objetivos planteados para una educación de calidad. 
Otra cuestión a resaltar es que las materias seleccionadas son un universo acotado de las múltiples que se abordan en los sistemas educativos, resultando así un trato que hasta podría considerase discriminatorio para con las materias "especiales" (léase Educación Física, Plastica, Música, Expresión Corporal, etc) que parecen no haber sido incluidas.
Por otro lado, acostumbrado a las distintas modalidades de ranking efectuados por distintos organismos internaciones, este Plan se asemeja más a lo que sería satisfacer un requisito de exigencia internacional que a una evaluación diagnostica interna en tanto se contradicen los elementos de evaluación para con los fines deseables de una educación de calidad. Además, para quienes hubieran leído la obra "Consolidando la Explotación. La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico" de Atilio Boron, permite establecer analogías entre el tratamiento de su obra para con el contexto actual y las posibles reformas a partir de esta evaluación en el nivel primario y medio de nuestro país. 
Es dable pensar entonces si verdaderamente estamos evaluando para una reorganización interna o bien estamos cumpliendo exigencia de los organismos de crédito internacional en el marco del nuevo y reciente endeudamiento del Estado Nacional...

¿Usted qué piensa? 


viernes, 21 de octubre de 2016

FIN DEL DELITO: ¿PERMITIMOS LA PENA DE MUERTE? (Por Ezequiel Espina)

Muchas son las voces que se pronuncian a favor de la pena capital como remedio contra el delito. Según estas posturas, el mayor castigo traería aparejada la erradicación total o al menos disminuiría notablemente los indices de conflictividad social; y frente a los recientes casos de "justicia por mano propia", el tema no es un tabú por lo que vale la pena entrar en discusión. Entonces, ¿es racionalmente acertado y jurídicamente posible aplicar la pena de muerte en Argentina? 

¿Por qué no se aplica esta pena en nuestro país? 
Para respondernos este interrogante, primero debemos remitirnos al Articulo 18 de nuestra Constitución Nacional, que al momento de su entrada en vigencia concebía al sistema penitenciario no como una institución punitiva sino como un espacio de reinserción social. Así, la última parte del articulo en cuestión expresa: "(...)Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".
De dicho texto se desprende entonces la expresa mención de la abolición de la pena de muerte y de cualquier acto violento practicado contra las personas que se encuentren privadas de su libertad.
Pero otro lado, en el Articulo 75 inciso 22, se consagran con jerarquía Constitucional distintos instrumentos de Derecho Internacional relativos a los Derechos Humanos a los cuales nuestra Nación suscribe y que, obligan al respeto por la vida humana. Si bien en algunos de ellos se establece la permisión de la aplicación de la pena de muerte en los casos de los delitos más graves, como es manifiestamente expresa en el Pacto de San José de Costa Rica, más precisamente en su articulo 4°; lo cierto es que en el mentado Articulo, inciso 3° dispone que  "...No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido...". En relación a ello, el Articulo 5 del Código Penal Argentino enuncia las penas aplicables cuando expresa: "...Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación...". De esta forma, conforme la opinión de una renombrada constitucionalista como María Angélica Gelli, "...(surge que la Republica Argentina al no contemplar la pena de muerte en el Código Penal, no puede establecerla en el futuro sin incumplir las obligaciones que asumió al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos..." (Gelli. M.A, (2006), Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires: Editorial La Ley).

¿Qué resultados tuvo la aplicación de la pena de muerte en otros países?
Según los datos aportados por Amnistía Internacional, son 66 países y territorios que actualmente contienen legislativamente y aplican la pena de muerte, aunque los que realmente ejecutan a presos es menor. Para ser más específicos, en el año 2006,  el 91% por ciento de  ejecuciones de las que se tuvo noticia tuvieron lugar en los siguientes paises: China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán y Sudán.
Contrariamente a lo que podría entenderse, la aplicación de esta pena no ha terminado con el delito. Vale la pena además agregar que en algunos de estos Estados, como lo es EEUU, se llevan a cabo infinidades de delitos que diariamente son noticia, por lo que resulta certero inferir que la pena capital no resulta ser remedio para combatir la conflictividad social.

¿Por qué no es razonable pensar en la pena de muerte como una opción? 

-Niega Derechos Humanos: se ve menoscabado el Derecho a la vida, configurando así responsabilidad intencional por parte del Estado en virtud de los Pactos Internacionales suscritos.

-Es irreversible: supone una actitud soberbia y omnipotente del Estado en tanto configura una condición de aplicación perfecta de los mecanismos de Justicia, cuando sabemos que son numerosos los casos en los que existen errores en los procesos. A modo de ejemplo, en EEUU, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos;sin embargo, en algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.

Se aplica de forma discriminatoria: el sistema penal tiene un tinte notablemente discriminador, en tanto a mayores niveles de vulnerabilidad social mayores son las chances de ser condenado. Actualmente la población penitenciaria se compone de personas de bajos recursos económicos y culturales, siendo que los delitos más complejos y característicos de las clases más acomodadas no se persiguen o no son condenados. 
-No disuade contra el crimen: no existen pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen. Los países que la implementan mantienen la tazas de delitos, sobre todo de los más graves, ergo, no es una solución bajo ningún aspecto.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

lunes, 17 de octubre de 2016

EXTRANJEROS ESTUDIANDO EN ARGENTINA: ¿ACIERTO O ERROR? (Por Ezequiel Espina)


El reciente informe publicado en el programa de Jorge Lanata en el cual se exhibían los porcentajes de estudiantes extranjeros en la UBA desató una fuerte polémica en torno al gasto que esto demanda al Estado argentino para mantener el servicio gratuito de educación universitaria. Entre las variadas tablas comparativas del sistema de educación superior en los países Latinoamericanos, el nuestro es de los pocos, sino el único, con acceso sin restricciones y sin abono de matricula ni exigencias de prestaciones posteriores al alcanzar el título. Las cifras que se muestran reflejan altos montos que el Estado destina para brindar el servicio educativo universitario y para que este tenga el carácter de gratuito que, de tal manera, parecería impartir enojo siendo que se le brinda un servicio igual a nativos y extranjeros. Pero la realidad es que hay muchas falacias en presentación del informe. 

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA? 
El financiamiento de los gastos del servicio educativo superior son solventados por el Estado Nacional conforme lo expresa el Art 2 de la Ley de Educación Superior, para ello, el Estado recauda mediante tributos de distinta naturaleza (en su mayoría impuestos) para llenar las arcas y así hacer frente a las demandas del rubro. Como todos sabemos cualquier ciudadano residente en el país tributa, ya sea por poseer bienes o bien por adquirirlos, entre otras formas. Cualquier extranjero que resida en el país para estudiar debe soportar cargas impositivas, las cuales en parte se usan para solventar sus propios gastos de estudio.
Recordemos también que el termino "gratuito" del acceso a la educación se remite al no pago de una matricula, ya que los gastos de estadía, material de estudio, movilidad, etc no son solventados por el Estado.

¿QUÉ EXPRESA NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AL RESPECTO?
Tenemos que remitirnos en primer termino a nuestra Constitución, y en primer lugar al Preambulo, que luego de enumerar una serie de declaraciones las hace extensible para  "...nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...".
Por si ello fuera poco, nuestra Carta Magna consagra lo siguiente: Art. 14  TODOS LOS HABITANTES de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y APRENDER...".
Con esto, queda en claro que vulnera Derechos constitucionales el impedir o restringir el acceso o permanencia de las personas a nuestras altas casas de estudios, pero en materia infraconstitucional, ¿se puede arancelar los estudios de los extranjeros en las Universidades argentinas? La respuesta es NO, y esto surge de la Ley 24.521  que en su Art. 2 BIS expresa: "...Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos...".
Frente a esto, resulta un trato igualitario entre nativos y extranjeros de nuestra Constitución Nacional, por lo que debemos evolucionar a leer la cuestión referente a Derechos consagrados en términos de habitantes o residentes independientemente de su origen; con lo cual surge que no existen fundamentos para establecer diferencias de trato.  
Si bien nuestro sistema educativo atraviesa múltiples problemáticas, es uno, sino el más, inclusivo del continente y, formular un discurso en defensa del recorte presupuestario fundando el gasto que pudieran representar los extranjeros me parece de lo más perverso...

¿USTED QUÉ PIENSA? 


martes, 4 de octubre de 2016

LEY DE PARIDAD: ¿IGUALDAD O DISCRIMINACIÓN INDIRECTA? (Por Ezequiel Espina)

La Legislatura Bonaerense acaba de aprobar la modificatoria al Art. 32 de la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, en caso de promulgación por parte de la Gobernadora Maria Eugenia Vidal,  se establecerá la paridad de género para integrar las listas a cargos electivos para cuerpos colegiados tanto provinciales como municipales.

¿QUIÉN IMPULSÓ lA MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL?
La iniciativa fue promovida por la referente del partido Frente Renovador y actual esposa de Sergio Massa, Malena Galmarnini. La misma contó con los votos de los representantes del Frente Para la Victoria (FPV), el Frente Renovador (FR), el Pro y el Frente Amplio Progresista (FAP).

¿QUÉ IMPLICA ESTA NUEVA MEDIDA?
Esta nueva Ley dejaría atrás la ley de cupo del año 1997 que indicaba que un 30%"toda lista de candidatos a cargos electivos para cuerpos colegiados provinciales y municipales deberá contener porcentajes iguales y equivalentes de candidatos del género masculino y candidatas del género femenino a los cargos a elegir, en todas las categorías".
por ciento de las listas correspondían a las mujeres. De esta forma,

¿CUANDO ENTRARÍA EN VIGENCIA Y QUE EFECTOS PRODUCIRÍA?
De ser promulgada, la norma se pondrá en vigencia el año próximo en la confección de las listas de los candidatos legislativos, concejales y consejeros escolares. En tenor a ello, no será posible oficializar ninguna lista que no cumpla con el requisito, esto es:  respetar el 50 por ciento del cupo femenino, y la secuencia de alternancia entre los sexos. En caso de órganos impares la diferencia no podrá ser superior a un solo miembro.
Además, de generarse vacantes en los cuerpos colegiados en razón de renuncia o fallecimiento, también deberá respetarse la paridad de géneros.
Por otra parte, el género será determinado por su DNI y no por su sexo biológico. Es decir que las personas trans podrán ocupar cupos de acuerdo a su elección sexual respetando así la Ley de Identidad de Género.

Si bien esto resulta una buena noticia a la hora de ponderar el ingreso de las mujeres a los ámbitos en donde históricamente se vieron relegadas, es menester analizar si la norma actúa como un concientizador de la conducta del cuerpo social de tinte marcadamente machista, o contrariamente a ello, opera como limite de participación, pero en clara violación al principio de "idoneidad" para la ocupación de cargos que consagra nuestra Constitución. 
En mi opinión, celebro las políticas de inclusión, reflexión e igualdad, aunque ellas no siempre deben plasmarse en forma de normas. Si bien otorga aspectos positivos, la realidad es que siempre debe privar la "idoneidad", y en estos casos responde a cuestiones de estrategia, capacidad y/o imagen conforme a la elección popular de acuerdo a la confección de las listas de los partidos. Por tal razón, estas medidas deben ser acompañadas de medidas que alienten a las mujeres a participar de mayor cantidad de ámbitos de decisión política, derribando así las murallas de una sociedad machista que durante tanto tiempo primo en materia de cargos de jerarquía política.

¿USTED QUÉ PIENSA?    


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