domingo, 26 de junio de 2016

BREXIT: ¿QUÉ ES Y CÓMO IMPACTA EN NUESTRO PAÍS? (Por Ezequiel Espina)

Es tendencia en los principales medios del mundo y fue furor en los principales buscadores de Internet la resonante salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cuestión que no es para menos ya que se comienza a barajar el impacto que esto conlleva en el mapa económico mundial. 


¿QUÉ ES EL BREXIT?
 Esta es una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La alternativa a esta propuesta era "Bremain" (Britain y Remain: permanecer) no tuvo éxito mediático, como así tampoco en las urnas.

¿QUÉ IMPACTO TIENE EN ARGENTINA?
Si bien la salida de la Unión Europea no implica un acto inmediato, algunas consecuencias ya se están percibiendo y podrían continuarse hasta la salida definitiva y posterior estabilidad del régimen político- económico a adoptar.  
En primera lugar, junto a la baja de los mercados, se efectuó una alza en todo el mundo del el oro y el dólar, en tenor a que muchos inversores decidieron poner su dinero en esos bienes como forma de resguardo debido a su estabilidad. Por tal cuestión, la divisa estadounidense ganó terreno en todo el mundo, no siendo la excepción en nuestro país, por tal cuestión, se efectuó una suba que actualmente asciende a los $15.
Por otro lado, se registró una baja en los precios una amplia mayoría de las commodities, que si bien es una consecuencia lógica de la incertidumbre del mercado, de mantenerse podría afectar al país. ¿Qué son los commodities? Definimos commodities como bienes que tiene valor o utilidad, y bajo nivel de diferenciación o especialización. Son de tipo genéricos, por lo tanto, no se tienen una notoria discriminación entre sí. Comunmente se hace alusión a materias primas o bienes primarios, como lo sería por ejemplo el trigo. 
En lo que al comercio bilateral respecta, si bien podría resentirse, la realidad es que es poco significativo su impacto, ya que actualmente significa alrededor del 1 por ciento del total tanto de importaciones como de exportaciones entre Argentina y Gran Bretaña.
Una cuestión a resaltar, es que, según  Horacio Verbitsky un notorio impacto tendría esta salida en lo que hace a la fuga de capitales que se refugian en territorios y posesiones de la corona inglesa. Diciendo entonces que el argumento principal a favor del proyecto del blanqueo y las expectativas sobre un resultado alentador que en los anteriores, es la creciente dificultad para esconder dinero ilegal en el exterior, conforme los acuerdos de intercambio informativo propiciados por el G20. En consecuencia, el Brexit eliminará así los contrapesos que la pertenencia a la Unión Europea planteaba al lobby financiero de Gran Bretaña. Por tales cuestiones expresa: "Malas noticias para la Argentina pero muy buenas para su gobierno de los CEOS".
Por último, resta esperar a conocer la situación respecto a los países de la Unión Europea en lo que concierne al conflicto de Malvinas, ya que considerando la salida de Gran Bretaña, quizá su postura haga un giro más alentador para con nuestro pedido de reconocimiento de soberanía.

¿Y USTEDES QUÉ PIENSAN? 

viernes, 24 de junio de 2016

LEY DEL ARREPENTIDO: ¿QUÉ ES? (Por Ezequiel Espina)

Resonó esta figura en torno a la causa que tiene como uno de los protagonistas a Leonardo Fariña, y quizá asociamos automáticamente esta figura al instituto de aquellas películas al mejor estilo "hollywoodense" en donde unos de los imputados de la causa se presta como colaborador para atrapar a otro y así lograr una reducción de su pena. Pero... ¿Qué tan real es esto? y ¿cómo se encuentra regulado en nuestro país?

¿Dondé está legislado?
Si bien hasta el momento no está vigente una "Ley del arrepentido" este instituto se legisla primeramente en la Ley 24.240 que modificó la Ley 23.373 conocida como "Ley de estupefacientes y psicotrópicos". Esta introducía el art. 29 ter que  "...podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigaciónb) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en esta Ley...".
Luego, en la Ley 25.241 se reguló este instituto para los casos de terrorismo, en sus artículos 2° y 3° en donde correspondientemente expresan: Art 2º En los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboraciónArt 3º En los mismos supuestos podrá aplicarse el mínimo legal de la especie de pena, cuando la información brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, determinando así el respectivo sometimiento a proceso de quienes no hubieran sido imputados hasta entonces.

Posteriormente, en la Ley 26.364 se modificó el art. 41 ter del Código Penal de la siguiente forma:Art 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.
Por último, la Ley 26.683, incorpora el siguiente artículo: Art 22Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.
En síntesis, podemos decir que este instituto no se legisla para todos los delitos sino para algunos en particular, pero...

¿En qué consiste el proyecto que se está discutiendo?


Alcance: como hemos analizado, la figura de arrepentido ya existe para algunos delitos, entre ellos, las denuncias por narcotráfico, el lavado de activos de origen ilícito, terrorismo, trata de personas y secuestros extorsivos. Con la nueva norma, ahora se amplía su ámbito de aplicación, alcanzando los delitos de asociación ilícita, prostitución y corrupción de menores, delitos contra el orden económico y financiero, y actos de corrupción de los funcionarios públicos.


Reducción de la pena: no se contempla la posibilidad de eximición de pena pero si su reducción, por lo que, para acceder a ese beneficio, el arrepentido tendrá que suministrar información sobre personas de mayor jerarquía implicados en la supuesta organización criminal, o sobre delitos más graves de aquellos en los que esté involucrado.

El recorte del castigo será de un tercio del mínimo establecido en la escala penal y de la mitad del máximo de la pena establecida en la escala penal. En los casos de delitos con penas de prisión perpetua, se podrá reducir a 15 años de prisión.


Sujetos contemplados: pueden acceder a este beneficio tanto procesados como aquello que ya estén condenados.



Arrepentido falaz: a los fines de evitar las falsas denuncias o maniobras fraudulentas para incriminar a personas, la ley castiga al "arrepentido falaz" con una pena de 4 a 10 años de prisión.



Excepciones: están excluidos de la aplicación de esta figura los imputados por delitos de lesa humanidad y los funcionarios públicos que, según la Constitución Nacional, deban ser removidos a través de juicio político.



¿USTED QUÉ PIENSA?

jueves, 23 de junio de 2016

ALLANAMIENTO A DE VIDO: ¿Y LOS FUEROS? (Por Ezequiel Espina)

El día de hoy se votó en la Cámara de Diputados, una iniciativa que buscaba habilitar el allanamiento de propiedades de Julio De Vido, en una causa de presunto enriquecimiento ilícito. Pero frente a este panorama cabe preguntarse ¿es legal esta medida? ¿Los fueros legislativos no deberían impedirlo?
Para una rápida y certera respuesta vamos a analizar lo que el texto de la Constitución y las leyes expresan.

¿Qué son los fueros?

También denominados “inmunidades” e incluso (mal llamados) “privilegios”, son prerrogativas funcionales que se ejercitan no solo ante otros poderes gubernamentales sino también frente a la acción de particulares que suelen instar procesos judiciales contra los congresistas a fin de bloquear sus acciones o investigaciones. De tal forma, la justificación y legitimidad política de estas prerrogativas están ligadas a la preservación del principio de representatividad y al de independencia del Poder Legislativo.

¿En qué consisten?

Estas inmunidades son de opinión (art. 68 de la Constitución Nacional), de arresto (art. 69 de la Constitución Nacional) y de proceso (art. 70 de la Constitución Nacional).

¿Puede entonces iniciarse un proceso Penal contra un Legislador en ejercicio?

La respuesta es sí, ya que la suspensión del legislador no es condición de iniciación y prosecución del proceso Penal contra los legisladores.

¿Dónde se encuentra regulada esta cuestión?

Si bien el art. 70 de la Constitución Nacional es el texto rector del instituto, fue regulado mediante la Ley 25.320, siendo la misma quien dispone los límites precisos a la inmunidad de proceso Penal de los legisladores.
La mencionada Ley expresa en su art. 1 que: "Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara".
Por tales cuestiones es que el allanamiento de la morada del Diputado Julio De Vido se ajusta a la letra
de la Ley.

Ahora, independientemente de la cuestión partidaria, debemos reflexionar sobre la efectividad de la norma, siendo que la Ley parece beneficiar a los funcionarios en el sentido de que exige un tratamiento legislativo previo a la orden judicial de allanamiento pierde todo tipo de funcionalidad puesto que permite un resguardo de los elementos buscados en caso de estar implicado el funcionario público en el delito que se le imputa conforme al tiempo que demora dicho paso previo.
¿USTEDES QUÉ PIENSAN?


REFORMA ELECTORAL Y ALGUNAS SORPRESAS... (POR EZEQUIEL ESPINA)

En el día de hoy el Presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas calificadas como "Proyecto de reforma política" que serán enviadas para su tratamiento en el Congreso y que tiene como novedad la modificación, en su gran mayoría, sobre materia electoral.




¿CUÁLES SON LOS PUNTOS A MODIFICAR?
-Implementación del sistema de boleta única electrónica (BUE) será estrenado en las elecciones legislativas de 2017 y el Gobierno tiene previsto desarrollar un sistema propio, con software y hardware, para no tener que licitarlo a terceros contratistas. El mismo contará con un dispositivo de pantalla que a su vez imprime una boleta y registra el voto en forma digital. Se establecerán auditorías antes y después de la jornada electoral.

-Eliminación de las listas colectoras, las candidaturas múltiples y que un mismo candidato participe en elecciones nacionales y provinciales en forma simultánea.

-Creación de nuevos mecanismos para fortalecer el control del financiamiento político y un procedimiento electoral con sanciones penales.

-Instauración por ley el debate presidencial obligatorio.

-Establecimiento de un nuevo mecanismo de transición entre un gobierno saliente y otro entrante.

-Creación de la figura de un Fiscal General ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).


¿CUÁL ES LA NOTA SALIENTE DE ESTA PROPUESTA? 
Según obra en una nota del medio de comunicación más grande del país, Clarín, existiría un cambio de último momento que ingresaría junto con las reformas antes enunciadas, que no es menos novedoso que polémico, esto es: permitir la integración en una fórmula presidencial de aquel candidato que haya perdido en las PASO.
Esta reforma abriría paso a una suerte de  "fórmula abierta"que permitiría la readecuación de las formulas en las alianzas que se presenten a elecciones.
La primera cuestión que desata esta posible reforma es la figura "desechable" del candidato a Vice- Presidente, ya que hasta las PASO tendría un papel más protocolar que político, puesta la posibilidad de cambiarlo por otro candidato de la misma alianza electoral. Recordemos que la figura de un Vice no es una cuestión menor, ya que desempeña funciones como Presidente de la Cámara de Senadores (teniendo voto en caso de empate), suple al Presidente en caso de que este se ausente del país o tenga licencia y es el primero en el orden sucesorio en caso de acefalía. 
Por otra parte, considero que si bien es una maniobra política ventajosa para las grandes alianzas electorales, posiblemente esto debilite a los partidos más pequeños, visto que en el modelo político que tenemos, quizá más personalista que partidario, muchos de los votos que antes se repartían debido a que no una lista no alcanzaba el mínimo en las PASO, de esta manera se imputaría directamente en aquellas listas reformadas. En síntesis, las PASO más que primarias abiertas tendrían una función como las que muchos criticaban: ser una estadística previa de análisis de campaña para las elecciones definitivas.  

¿USTED QUÉ PIENSA? 

viernes, 17 de junio de 2016

#NIÑAWICHI: VIOLACIÓN TOTAL DE DERECHOS... (Por Ezequiel Espina)

Cuando hablamos de selectividad penal solemos hacer alusión a los mecanismos por los cuales el sistema actúa sobre determinada población y no sobre otra, llevando adelante procesos penales destinados a investigar su responsabilidad sobre los hechos. Pero, tal como lo expresa Zaffaroni, la selectividad penal no actúa solamente sobre los imputados, sino también sobre las víctimas, ya que podríamos hablar de víctimas de primer orden y de segundo orden, siendo estas últimas las que más desprotección sufren y donde menores grados de "justicia" son alcanzados alcanzan en los procesos penales. 

El resonante caso de la niña de la comunidad Wichi de la provincia de Salta causa una indignación generalizada cuando se analiza el proceder no solo del sistema penal a la hora de dar una respuesta del caso, sino del propio sistema de salud al momento de tratar su situación.
Para poner a tono al lector, una niña de 12 años que sufre de retraso madurativo severo, perteneciente a una comunidad indígena de la localidad de Alto La Sierra, al norte de la provincia de Salta fue perseguida y capturada por ocho hombres y posteriormente violada. La corrieron en una cancha de fútbol, la llevaron hasta un monte y abusaron de ella en tierras reclamadas como ancestrales por las Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. La madre hizo la denuncia pero el Estado no la escuchó, no le habilitó un test de embarazo ni le realizó un aborto legal. Después de 31 semanas le practicaron una cesárea porque el embarazo era inviable y con diagnóstico de anencefalia.
Existen incontables irregularidades en el presente caso, por empezar la víctima no fue asistida por un médico legal para constatar si existían indicios de violación, sino cinco días después de acontecido el hecho. Por si esto fuera poco, no se practicó un test de embarazo, sino que fue la misma madre quien logra constatarlo posteriormente cuando nota un cuadro de embarazo avanzado. Agravando el cuadro, se diagnosticaron alteraciones morfológicas en el cerebro del niño y también se alertó sobre una desproporción fetomaterno, lo que significa que el bebé es más grande que la pelvis de la madre, es decir, que el canal de parto puede registrar daños al momento del parto; pero frente a tal situación, el gerente del Hospital Materno Infantil aclaró que la aplicación del protocolo de aborto no punible no es posible en esta instancia ya que el embarazo transitaba la semana 32 y este sistema es hasta semana 12, por lo que a la niña se le debió practicar una césarea. 
Frente a tal lentitud (por no decir inoperancia) de las autoridades, no solo se afectó la salud de la víctima, sino su Derecho en lo que respecta al esclarecimiento de los hechos en el ilícito penal acontecido, siendo que la falta de diligencias pertinentes impacta en más de una esfera de Derechos de la niña.
El atropello a los Derechos de una víctima en situación de vulnerabilidad debe hacernos tomar consciencia de que el sistema de selectividad penal opera también de forma grave en sectores desfavorecidos socialmente, implicando así también un perjuicio en otras aristas. El severo menoscabo en el acceso a la justicia y a la salud debe salir a la luz para que este triste caso no sea una constante.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

miércoles, 15 de junio de 2016

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA CORRUPCIÓN... (Por Ezequiel Espina)

Indignan las continuas vinculaciones de los funcionarios políticos pasados y actuales con casos de corrupción. Escandalosas son las cifras que salen a la luz, pero quizá la cuestión más controversial no recaiga sobre la cuestión penal (innegable por cierto), sino por la cuestión de la responsabilidad política de los funcionarios de más alta jerarquía para con los de inferior rango. 
El resonante caso de José López divide las aguas de las banderas políticas, quienes se desgarran las vestiduras por la transparencia política pero luego nos sorprenden estando implicados en groseros casos de corrupción o negociado ilícito de distinta índole. 
Caputo, Lázaro Báez, López y Niembro son algunos de los personajes de la larga lista de los dos frentes políticos más importantes del país. Lo interesante sería preguntarnos ahora, si los lideres de los bloques antagónicos de la actualidad, ¿sabían o debían saber sobre las irregularidades de las personas que trabajaban con ellos?
Considero que la respuesta a dicho interrogante es que sí, lo sabían, o al menos debían saberlo, porque hablamos mucho dinero del Estado que se está destinando a fines distintos respecto de la debida atención de los servicios públicos del Estado. La responsabilidad no es penal, pero el reproche político es enorme, por la falta del debido control interno no solo de la gestión, sino también de los organismos de control destinados a blanquear las cuestiones contables de cada una de las tareas del Estado.
No puedo menos que sentirme decepcionado con la clase política, hay dinero del pueblo en cuestión que sigue inflando los bolsillos de personas oscuras, culpables indudablemente de la crisis sociales de nuestro tiempo.

¿Ustedes qué piensan?



martes, 14 de junio de 2016

HUELGA: ¿DERECHO DE QUIÉN? (por Ezequiel Espina)

Fuertes controversias causó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que respecta al Derecho a huelga en el marco de la causa “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A”, por lo que se es preciso indagar si esto representa una delimitación del Derecho o un retroceso interpretativo de la Ley. 

¿Cuales fueron los hechos?
Francisco Orellano fue despedido y luego reincorporado del Correo en el año 2009 tras participar de medidas de fuerza que no habían sido convocadas formalmente por un sindicato. La empresa justificó la decisión de despedirlo por considerar que esas actividades afectaban el desarrollo normal de su actividad en el centro operativo de Montegrande, provincia de Buenos Aires.
Orellano reclamó la nulidad de la medida y se amparó en la Ley 23.592, conocida como “Ley Antidiscriminatoria”, debido a que consideró que su despido era en represalia a su participación en actividades gremiales.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió la demanda del trabajador y sostuvo que sus actividades “se hallaban dirigidas a la obtención de mejoras de salarios y contaban con la presencia de un número importante de personal".
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Sala I con un pronunciamiento que generó fuertes críticas.

¿Cuál fue el pronunciamiento de la  Corte?
Los magistrados del máximo tribunal Federal concluyeron que las medidas de fuerza no eran legítimas y basándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y normas internacionales, consideraron que el derecho de huelga solo puede ser ejercido por asociaciones sindicales con personería gremial y por los sindicatos simplemente inscriptos.

¿Dónde puedo consultar el fallo?
Pueden acceder al texto completo ingresando aquí.

¿Qué dice el articulo 14 bis de la Constitución Nacional?
Nuestra Carta Magna proclama en la parte pertinente del mentado articulo: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo..."

¿Qué dicen los Tratados Intencionales al respecto? 
Las normas citadas en consideración a la materia del presente fallo son:
-Convenio 87 de la OIT: Art 3: "1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal."; Art 10: "En el presente Convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores..."
-Pacto Internacional de Derechos Economícos, Sociales y Culturales: Art 81. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
-Carta Internacional Americana de Garantías Sociales: Art 27: "Los trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejer
cicio..."

¿Es acertada la interpretación de la Corte?
Sin lugar a dudas la interpretación de los jueces se ajusta a la letra de la norma Constitucional y a la de los Tratados Internacionales, que de forma expresa revisten como titular del Derecho a huelga a las asociaciones sindicales con personería gremial o simplemente inscritas, por lo que, y conforme con la jurisprudencia, surge como primer requisito de legitimidad de la medida de huelga, que se trate de una organización de trabajadores debidamente inscripta. En tal sentido, creo que no es armónica la interpretación de la Corte en lo que respecta a los principios de los Derechos invocados, ya que existiendo libertad sindical para que cada trabajador pueda optar por adherirse o no a un sindicato, se lo obliga para poder ejercer un Derecho básico como el de la huelga; por lo que siguiendo el contenido de la norma, el TRABAJADOR tiene el Derecho a condiciones dignas y equitativas de labor, pero no tiene Derecho a reclamarlo si no es por medio de una organización sindical.
Por si esto fuera poco, una gran masa de trabajadores en condiciones de precarización laboral posiblemente vean disminuidas sus facultades de reclamación en este marco, por lo que estimo que el Derecho a huelga no debiere ser un Derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial o simplemente inscriptos, sino donde cada trabajador particular pueda ejercerlo en la medida de su regulación.
Por tal razón estimo que la limitación a una herramienta para hacer efectivo un Derecho, no debería ser limitado por la norma, entendiendo que prevalecen principios en favor de la tutela plena y la interpretación debe ser en favor de la extensión de Derechos y no de la restricción de los mismos. 

¿Ustedes qué piensan?

miércoles, 8 de junio de 2016

SUBTES Y LOS LÍMITES EN MATERIA DE GÉNERO... (Por Ezequiel Espina)

La problemáticas relativas a las cuestiones de género son hechos innegables en nuestros días, ya que se engendran distintos tipos de manifestaciones de violencia, pero lo interesante aquí es analizar que tipo de respuestas brindan los dirigentes políticos como posibles soluciones desde el Estado. 
La nueva polémica gira en torno a la propuesta de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien presentó un proyecto de ley para que las formaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires cuenten con vagones exclusivos para mujeres de lunes a viernes de 7 a 10 y de 17 a 19, siendo que en ellos estará prohibida la presencia de personas de sexo masculino. Esta no es una cuestión novedosa, ya que se aplica en países como Brasil, México, Egipto, Malasia, Tailandia, India, Rusia y Japón.
Esta medida surge como remedio para evitar episodios de acoso y abuso, los cuales tienen como víctimas a las mujeres, agregando la legisladora que, de esta manera la sociedad estará “creando una mayor conciencia y rechazo social sobre la situación, ya que debido a la gravedad de la misma, resulta necesario adoptar medidas extremas para paliar sus efectos". Si bien el fin es noble, debemos antes analizar la razonabilidad, viabilidad y oportunidad de la medida. 
En primer lugar considero que es poco feliz la creencia de que la adopción de medidas extremas refuerce la conciencia colectiva de la problemática, evitando así los actos denunciados. Sin ir más legos tenemos como ejemplo la modificación del artículo 80 del Código Penal que agrava los homicidios por cuestiones de genero, y no por ello podemos decir que la taza de este delito ha disminuido.  
En segundo lugar, sin desconocer las problemáticas de violencia, no solo física sino también simbólica a la mujer, creo que esta medida estaría reforzando una suerte de victimización constante de la mujer y una discriminación indirecta, ubicandola en el escalafón más bajo y enfocándola como sujeto vulnerable en estado crónico; ya que, con la implementación de subtes especiales, ¿que obsta a que se extienda a instituciones o espacios destinados solo a mujeres? Creo que atenta notablemente al fin de la búsqueda de una armonía social basada en el respeto mutuo, por ello no me explico como llegar a esta meta a partir de la exclusión o separación.  
Por último, considero que como sociedad debemos esperar algo más de nuestros representantes políticos, con esto me refiero a verdaderas medidas de fondo para el tratamiento de la problemática social. Un vagón especial en horarios determinados no asegura el fin de la problemática de la violencia de genero que de por si es algo mucho más amplio a lo que respecta al acoso o abuso en el transporte público. Siendo que existen tantos puntos por aplicar en materia educativa sobre violencia de genero y formas de erradicación, medidas como la de diferenciar el transporte público de pasajeros me parece superficial y poco factible, agreguemos que se deberían sumar unidades o bien distribuir los ya existentes, lo cual puede generar un conflicto en el uso en horas pico, reduciendo la cantidad de usuarios que podrían utilizarlo.
Por tales razones considero que las respuestas del Estado deben presentarse como verdaderas soluciones y no como meras políticas superficiales, que además de poco efectivas son difíciles de implementar.   

¿USTED QUÉ PIENSA?  

martes, 7 de junio de 2016

IMPUESTOS: ¿CÓMO AFECTAN AL BOLSILLO? (POR EZEQUIEL ESPINA)

Cada vez que escuchamos la palabra impuesto nos recorre una sensación nada agradable, pero esto es fundamental para el sostenimiento del Estado. Sin embargo, es pertinente que analicemos en que medida es justa la contribución que cada uno realiza para poder solventar los múltiples gastos que el aparato Estatal debe efectuar, por tal razón, cada gestión de gobierno realiza un plan económico que tiene distinta implicancia en los diferentes actores sociales de la comunidad. Tratemos entonces como impactan las nuevas medidas impositivas en los bolsillos de los ciudadanos.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que los tributos deben respetar los principios constitucionales en materia tributaria (legalidad, igualdad, generalidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad y equidad), pero a los fines de no hacer tan extenso el análisis, nos centraremos en el de proporcionalidad.  
Este principio se entiende como una regla por la cual los tributos deben estar de acuerdo con la capacidad contributiva, osea en correspondencia al patrimonio, a las ganancias y a los consumos de las personas.
Pasemos entonces a indagar sobre las medidas adoptadas recientemente. En primer lugar tenemos la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, carne y baja del 5% en la soja; pero como una nota saliente, tenemos que quienes se dedican a la actividad exportadora no son múltiples empresas sino que por el contrario con capitales concentrados. Esto significa menos tributo y mayor ganancia.
Por otro lado, tenemos aumentos en los servicios (implicado en parte por la quita de subsidios del estado), el mantenimiento de las alícuotas de impuestos clásicos (ej: IVA) y no se exceptuó el aguinaldo en el impuesto a las ganancias. Todo ello en el marco de un aumento no considerable del sueldo de los trabajadores frente a un marco económico inflacionario. Para hacer más tangible el impacto adjunto el ejemplo del diario Clarín (ver aquí) y el análisis del Blog Política Argentina (ver aquí):
Un trabajador soltero sin hijos que gana $ 30.000 de ingreso neto pagó hasta mayo $ 2234 por mes por Ganancias. Al cobrar el medio aguinaldo, el ingreso será mayor y aumentará el descuento por el impuesto. Pasará a pagar hasta diciembre $ 2966 por mes. Eso significa un aumento del 29,7% en el impuesto y una merma de 9,9% en el sueldo del bolsillo para la segunda parte del año (sin contar las actualizaciones por paritarias que restan).
El aumento será constante hasta fin de año porque la AFIP permite prorratear este pago de carácter excepcional (es decir, no mensual) hasta el fin del año. Entonces, el impuesto a las Ganancias por el medio aguinaldo se abonará en siete cuotas, de junio a diciembre.
No pasará lo mismo con el medio aguinaldo de diciembre. Allí, el golpe será de una vez y significará un aumento en el impuesto de hasta 177%. El trabajador sin hijos con un salario de $ 30.000 mensuales pagará en el último mes del año $ 8.216 de Ganancias. Así, ese empleado dejará al fisco más de un sueldo en el año. Le descontarán $ 37.091, o un 20% más que su salario mensual.
En este contexto debemos preguntarnos si opera eficientemente el principio de PROPORCIONALIDAD, ya que si bien en volumen las grandes empresas aportan mayores cantidades de dinero, la realidad es que respecto a la capacidad contributiva del ciudadano medio, este se ve mucho mas afectado. Pero para analizar con más detenimiento el panorama, pensemos que una persona que ve reducida su capacidad de consumo tiene a gastar menos, por ende compra menos, los comerciantes tienden entonces a reducir sus ganancias y baja el consumo por estancamiento en el estado interno, de esta forma se refuerza el negocio de los exportadores y se vulnera el comercio interno. 

La ecuación resulta clara, el Estado debe solventar gastos, para eso debe recaudar a partir de los impuestos, a algunos les exige tributar más que a otros, pero aquí se evidencia que quienes mayor capacidad contributiva tienen reciben mayores beneficios que quienes poseen menor capacidad contributiva, lo cual va en claro desmedro de los principios Constitucionales del Derecho Tributario. 

¿Usted que piensa?

jueves, 2 de junio de 2016

OYARBIDE: LA "AMNISTÍA" SOCIAL... (Por Ezequiel Espina)

Es figura en los principales medios mediáticos del país el ex Juez Federal Norberto Mario Oyarbide, un personaje que se muestra risueño y dispuesto a cautivar las cámaras con pasos de baile más elocuentes que artísticos, haciendo pensar que parecería así querer dejar atrás un pasado más que polémico. 
¿Pero de dónde surge este personaje? ¿Por qué es tan polémico? 
Oyabide ingresa como juez durante la Presidencia de Carlos Saúl Menem y abandonó el cargo hace escaso tiempo durante la gestión de Gobierno actual. Los vínculos que lo ligan a favorecer a los actores políticos en distintas causas que han llegado a sus manos son varias, por citar sabemos que le reprocha haber protegido una red de prostíbulos por el año 2001, malos desempeños en su labor en causas que implicaban a los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como así también al ex vice Presidente Amado Boudou, y por si fuera poco, se lo acusa de premeditar su renuncia con acuerdo de Daniel Angelici, público amigo del actual Presidente Mauricio Macri.  Este Juez ha sabido salir airoso de más de un intento de enjuiciamiento político, que como saben es el medio por el cual se puede destituir del cargo a un Magistrado resguardado por los fueros y así proceder al pertinente proceso judicial para determinar su responsabilidad frente a los cargos que se le imputen. 
Lo peculiar de esta cuestión, es que recibida y aceptada la renuncia, todo aquel pasado oscuro parece diluirse en una extraña nebulosa mediática. Tapa de revistas, invitado a programas televisivos y hasta incluso invitado a ser parte como jurado en el programa "Bailando por un Sueño", parecen distorsionar la oscura imagen que se forjó durante su labor en la Justicia. Cabe preguntarse entonces si existían sólidas acusaciones en su contra o endebles fundamentos de enjuiciamiento. 
Otra de las cuestiones de suma necesidad para indagar como colectivo social, radica en como opera el estigma de la sospecha. Posiblemente un ciudadano común tenga que cargar con una larga y pesada cruz cuando es sometido a un proceso, fenómeno contrario por el que transita este ex Juez Federal que escondido quizá en un manto mediático, goza de una extraña aceptación popular que lleve quizá a olvidar una historia de beneficio a actores políticos que tanto desprecio han causado por los ilícitos que se les imputaba y que este ex Juez no investigó o bien mantuvo algún tipo de vinculo sospechoso. No parece entonces tan errado pensar que una figura pública puede buscar resguardo en la aceptación pública y así diluir toda una red de acusaciones que pesaban en su contra, cuánto costará entonces correr el velo mediático para investigar causas que alguna vez sonaron y que hoy bajo una sonrisa, unos pasos risueños y frases como "quiero ser el Lorenzetti del Bailando...", pueden ir en busca de una amnistía social que busque borrar del recuerdo del colectivo social aquella responsabilidad de los altos funcionarios de nuestra Nación.

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