martes, 14 de febrero de 2017

CSJN: UN RETROCESO INTERPRETATIVO... (Por Ezequiel Espina)

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta más que polémica en los círculos jurídicos, y la cuestión no es para menos ya que involucra materia de Derechos Humanos. Repasemos juntos entonces algunos de los puntos para comprender la controversia.

¿CUALES FUERON LOS HECHOS? 
Hace algún tiempo atrás, el ex Presidente Carlos Saúl Menem no reconocía públicamente a Menem Jr. Con motivo de ello, la Revista "Noticias" llevó adelante una investigación del hecho y publicó una serie de notas en las que exponía que el ex presidente tenía un hijo, agregando además una imagen en su tapa. Es entonces que Carlos Saúl Menem entabla una demanda alegando que la revista había violado su derecho a la intimidad.
En 1997 un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta por el señor Menem. La sentencia fue apelada y en 1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico a pagar la suma de la suma de $150.000,00. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario federal. En el año 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida aunque modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a la suma de $60.000,00.
Sobre esta base de lo relatado se accedió a la Corte Interamericana (causa caratulada como "Fontevecchia y D´Amico" quienes eran  propietario y director de "Noticias" respectivamente). Lo que la Corte Interamericana resuelve es que la condena civil impuesta por los órganos nacionales implicaba un cercenamiento a la libertad de expresión, toda vez que la revelación efectuada por la revista se justificaba en base a que el ex Presidente se trataba de una figura pública política. De esta manera se condenó al Estado Argentino a:
a. dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias
b. publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la Corte Suprema, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, así como publicar la sentencia completa de la Corte Interamericana en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema.
c. entregar a los periodistas las sumas reconocidas en dicho fallo (devolverles el dinero que habían pagado por la condena, más los gastos que tuvieron que hacer por el juicio).

¿CUAL ES LA CONTROVERSIA? 
La discusión se centra en el punto a. de la condena, ya que nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación entiende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿CÓMO FUNDAMENTA ESTA POSTURA?
Para sostener su posición, la Corte entiende que la obligatoriedad de las sentencias dictadas por el tribunal internacional son obligatorias dentro del marco de sus potestades remediales. Bajo tales palabras parece algo lógico el sometimiento a las decisiones de un tribunal si y solo si existe previamente una manifiesta voluntad soberana de otorgar tales prerrogativas. 
En síntesis, lo que la Corte sostiene es que bajo ningún precepto puede entenderse a la Corte Interamericana como una instancia más de revisión de sentencia, por tal razón, sus decisiones carecen de embestidura para dejar sin efecto la decisión del máximo órgano de Justicia (conforme al ART 108 de la Constitución Nacional), ya que de hacerlo se estaría violentando principios del Derecho Público (conforme al ART 27 de la Constitución Nacional) y que, por último, los tratados a los cuales nuestra Nación suscribe no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, por lo que se hace una lectura distinta del ART 75 inc 22 en virtud de salvaguardar su lectura del articulo anteriormente citado.

¿QUÉ PROBLEMA SUSCITA ESTO?
El problema que emerge de la postura de la Corte se centra en que a partir de esta interpretación sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la única habilitada para definir cuando el Tribunal internacional ha obrado dentro del marco de sus potestades remediales, y cuándo no. En otras palabras: se arroga el derecho de ver cuándo quiere cumplir, y cuando no. Y, en lo que respecta al presente caso, si la violación al derecho invocado tiene su punto central en la sentencia dictada, no hay reparación posible sin que esa sentencia quede sin efecto.

¿ES ACERTADO EL FALLO DE LA CORTE?
Es evidente que el fundamento expresado deja mucho que desear en materia jurídica y es de suma controversia política ya que involucra Derechos fundamentales de las personas y se esta en discusión cuando nuestro Estado incurre en responsabilidad internacional. Por tales razones la decisión de los jueces de la Corte resulta de una notable des-inteligencia e implica un retroceso en la materia.

¿CUAL DEBERÍA SER LA INTERPRETACIÓN CORRECTA?
 A mi entender, la solución correcta surge del voto en disidencia del Dr. Maqueda que expresa: "en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde dejar sin efecto los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa “Menem”, en cuanto atribuyeron responsabilidad civil e impusieron una condena a periodistas, pues a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto en el art 75, inc. 22 de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana pronunciadas en causas en las que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema.
El deber de cumplir la decisión adoptada por la Corte Interamericana responde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida responsabilidad".

¿USTED QUÉ PIENSA?

jueves, 9 de febrero de 2017

CORREO ARGENTINO: EL "AUTOPERDÓN"... (Por Ezequiel Espina)

Esta en boca de los principales medios el burdo caso de la "condonación" de deuda del Estado sobre la deuda que Correo Argentino tiene con este a partir del concurso preventivo que data del 19 de septiembre de 2001, y cuyo monto ascendería a cifras millonarias.

¿POR QUÉ SE VINCULA AL PRESIDENTE MACRI CON ESTE HECHO?
La relación que se establece entre el mandatario y la empresa tiene origen en el hecho de que la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.

¿CUAL ES EL MONTO DE LA DEUDA? 
De acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación, ascendería a más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y cuya quita en base al acuerdo significaría un 98,82% de la misma.

¿POR QUÉ SE HABLA ENTONCES DE UNA DEUDA DE 70.000 MILLONES DE PESOS?
Se habla de tal millonario monto debido a que en su dictamen, la Fiscalía analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del 2015, que fue celebrada a pedido del propio Estado Nacional siendo que este es titular del 32,65% del pasivo concursal.
La Fiscal Feneral llegó dicha conclusión luego de un análisis con colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones): la propuesta aceptada representaba una mejora en el plazo de pago (la cual suponía pasar de 19 a 15 cuotas) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Con ello, expresándolo a valores monetarios, la quita real de deuda a marzo de 2033 equivaldría a  $70.163.910.895,30.  Para alcanzar dicha cifra debe ser tomado en cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino databa del 19 de septiembre de 2001 y utilizando la tasa activa mensual del Banco Nación a esa fecha da esa quita real.
¿Cómo fue entonces el acuerdo aceptado? 100% de la deuda en 15 cuotas anuales empezando desde el año siguiente que cierren el acuerdo (esto sería a partir del año 2018), en donde incrementa el monto que se abona en cada cuota más una cuota de intereses del 7%. Quedando configurada de la siguiente forma: de la cuota 1 a la 4 el 1%de la deuda; de la 5 a la 9 el 2%; la 12 y 13 el 15%; la 14 el 20% y la 15 el 30%. A ello se debe agregar una cuota 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó el gobierno actual, el 50% de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará entre 2032 y 2033. Del análisis económico surge que “la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

¿QUÉ DICTAMINÓ LA FISCAL GENERAL?
Gabriela Boquín, quien se desempeña como Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictaminó que "la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” en base al análisis antes expuesto.
Por otra parte, la Fiscal General consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo (siendo este el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días), en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”. Esto debe entenderse como que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Esto en base a su argumento fundado en que “en efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él (en referencia a Mocoroa), podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”. Además precisa que: “en el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional

¿CUAL SE ESTIMA QUE SERÍA LA RAZÓN DE DICHO ACUERDO?
Se sospecha de que la familia Macri especula no sólo con pagar la deuda con el Estado para el 2033, sino también con salir victoriosos de los juicios al Estado por la estatización de Correo Argentino y así con el mismo dinero que cobre de dichos litigios pagarle al Estado su deuda. Es menester aclarar que Correo Argentino fue una de las estatizaciones ordenadas por el ex Presidente Néstor Kirchner.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

martes, 7 de febrero de 2017

#TOPPLES: JAQUE AL CÓDIGO DE FALTAS... (Por Ezequiel Espina)

Los recientes hechos acontecidos en una playa de Necochea  ponen en relieve una discusión de eminente tratamiento: las contravenciones y el código de faltas. 

¿QUÉ ES UNA CONTRAVENCIÓN? 
Por contravención o falta se entiende todo hecho que sin revertir la gravedad de un delito, importe una alteración al orden público, de la moral y buenas costumbres o un atentado a la seguridad de las personas o de los bienes y las infracciones a los Edictos policiales, Leyes y Decretos provinciales y nacionales y asimismo las Ordenanzas y disposiciones Municipales.

¿QUÉ PENAS IMPLICAN?
Como se dijo, las contravenciones no tienen la entidad suficiente para ser calificadas como delito, por tal razón no conllevan a las penas de privación de libertad por tiempos prolongados, pero si de multa, arresto (máximo de 30 días), comiso, clausura e inhabilitación. No obstante ello, deben ser aplicables las disposiciones generales contenidas en la parte general del Código Penal.  

¿DONDE ESTÁN REGULADOS? 
Las mismas se encuentran mayoritariamente reguladas en los Códigos de Falta o Códigos Contravencionales, un ejemplo de ello es el Decreto Ley 8031/73 de la Provincia de Buenos Aires y que fue alegada para el caso que se relata. 

¿POR QUÉ LAS MUJERES NO PODÍAN HACER TOPPLES EN LA PLAYA?
Se alegó el Art. 70 del Decreto Ley 8031/73 que expresa: “Será sancionado con multa entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública. La pena se duplicará si el hecho fuera cometido en lugar donde se realizaren actos o espectáculos públicos o lo fuere contra personas del culto, ancianos, enfermos mentales, mujeres o niños”.


¿ES INCONSTITUCIONAL ESTE TIPO DE NORMAS?
Actualmente se ha procedido a la declaración de inconstitucionalidad de numerosos artículos de los códigos de faltas en tanto estos implican una amplia atribución a los cuerpos policiales bajo el rotulo de "método de control social", y significan una reducción o menoscabo de los Derechos y Garantías de las personas en tanto eran notoriamente contrarios al espíritu del Art. 19 y 18 de la Constitución Nacional debido a que, la aplicación de las normas de estos Códigos otorgan un campo de arbitrariedad de entendimiento y aplicación de la policía contraría a preceptos legales de jerarquía superior. Un ejemplo de esto son el consumo de alcohol o estupefacientes en lugares públicos (ver ejemplo ingresando aquí).    
El principal problema que suscitan, tal como el Juez Mario Alberto Juliano expresa en Causa 10585 – “NN s/denuncia” es que "imposibilita a las personas conocer los límites de lo punible y lo impune" en base a la imprecisión y vaguedad de los términos empleados por la ley (ej: obscenidad y decencia pública).

¿DONDE PUEDO CONSULTAR EL FALLO COMPLETO?
Pueden acceder al mismo ingresando aquí

¿USTED QUÉ PIENSA?

sábado, 4 de febrero de 2017

ALCOHOL AL VOLANTE: ¿AGRAVA O ATENÚA LA PENA? (Por Ezequiel Espina)

Frecuentes son los casos de accidentes automovilísticos que innumerables cantidad de victimas fatales llevan, todos con un factor común: conductores bajo efecto del alcohol. Frente a tal panorama, el accionar de la justicia muchas veces parece contradecir el sentido común, por ello, repasemos juntos algunos interrogantes básicos sobre el tema.  

¿QUÉ TIPOS PENALES CONTEMPLA LA LEY?
La ley contempla dos formas en los tipos activos, hablamos de tipos culposos o dolosos. En el primer caso estamos ante una falta al deber genérico de cuidado, esto es, actuar con imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo; en el segundo caso, se actúa con voluntad de alcanzar el resultado. 

¿POR QUÉ SE DICE QUE NO HAY DOLO EN ESTE TIPO DE ACTOS?
Se excluye el dolo en los casos de accidente vehícular fundandose en que el conductor no obra con voluntad de causar el resultado, sino que actúa con imprudencia o negligencia. Comúnmente se suelen oír discusiones doctrinarias de donde surgen términos como "dolo eventual" o "culpa con representación", pero a los fines prácticos de la discusión vamos a quedarnos con la primera distinción descripta.
Entonces, quién se encuentra bajo efectos del alcohol y mata ¿qué tipo de pena merece? Sin lugar a dudas estaríamos de acuerdo en que merece un juicio de reprochabilidad, pero quien comete el accidente viola un deber genérico de cuidado, de tal manera que su accionar encuadra en un delito culposo.

¿ES UN ATENUANTE O UN AGRAVANTE?
Las discusiones que pudieran suscitarse en torno a esto fueron sanjadas por la reciente sanción de la Ley 27.347, la cual introduce como agravante en los casos de homicidio y lesiones los siguientes casos:  cuando el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106 (referente al delito de abandono de persona), o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales.
Como podemos observar, resulta ser entonces un agravante del delito en los casos los que los conductores registren 1 o mas gramos por litros de sangre. Las penas serán entonces de (2) a cuatro (4) años de prisión en caso de lesiones y de tres (3) a seis (6) años en casos de homicidio. Debemos tener en cuenta que las ordenanzas de transito de cada Municipio sancionan a los conductores que registren resultados positivos en el test de alcoholemia, lo cual representa una falta que acarrea multa o suspensión del permiso de conducir, pero no un delito penal. 

¿POR QUÉ SE HABLABA DE DELITOS EXCARCELABLES?
Se hablaba de delitos excarceles ya que por imperio de las disposiciones del Código se podían aplicar los beneficios de pena condicional o la suspensión de juicio a prueba que se aplican a delitos o penas que no superasen los 3 años.
Con la nueva modificación y considerando la suba de las escalas de los mínimos es probable que la tendencia cambie.

¿USTED QUÉ PIENSA? 

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