domingo, 6 de diciembre de 2015

Justicia distributiva y políticas sociales (Por Ezequiel Espina)

17:38


Numerosas controversias se suscitan a partir de las decisiones en políticas estatales en lo que respecta al gasto público, sin ningún tipo de duda la quita de parte del patrimonio de los contribuyentes significa una carga que difícilmente se asimile como una contribución en nombre de la "Justicia Social" y si más como una quita que no refleja beneficios para quien la sufre. 
A continuación desarrollare una breve referencia a la Teoría de la Justicia de Rawls, que sirve, a mi entender, para fundamentar la practica en materia de política social del Estado de Bienestar o Benefactor.  Posiblemente el comienzo parezca algo bastante abstracto, pero prometo que con el correr de las lineas buscare dar con un anclaje practico de la problemática en cuestión en términos menos formales que amenos para que no signifique una lectura tediosa. 
Para empezar, deberíamos pensar que el término Justicia tiene distintas acepciones, entre las cuales se destacan:
  • Dar a todos por igual.
  • Mayor beneficio para la mayor cantidad de individuos.
  • Dar en la medida del esfuerzo realizado.
Pero ellas no son las únicas, es por esto, que dejando que el lector formule su propio marco de referencia, procederé a fundamentar el marco conceptual al cual adhiero, intentando adhesión o rechazo pero siempre en un marco de respeto que priorice la discusión en buenos términos.
Para Rawls existen dos principios de su Teoría de la Justicia, por un lado el Principio de Libertades, respecto de cual, cada persona debe tener un Derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás (leasé votar y a desempeñar cargos públicos; libertad de expresión y de reunión; libertad de consciencia y pensamiento; a la propiedad, etc). Por otro lado, esta el Principio de Diferencia, que sostiene que las desigualdades económicas y sociales habrán de ser conformadas de modo tal que: 1) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y, 2) se vincules a empleos y cargos asequibles para todos. En síntesis, toda desigualdad se justifica si es a favor de los menos favorecidos.
En este sentido, debemos considerar que el punto de partida de todo individuo en el entramado social, no tiene en principio una base homogénea, siendo que existen clases sociales en el marco de un sistema capitalista, existen personas que nacen en condiciones más ventajosas que otras. Esto se evidencia en tanto que, más allá de la cuestión volitiva del sujeto, el contexto social en el que se desarrolla delimita sus alcances en las distintas esferas de la vida, ya que sabido es que la educación, la alimentación y el trabajo entre otras variables, configuran un mejor o peor pasar de los sujetos en la vida. Es por ello que ante contextos distintos, tendremos "suertes" distintas, haciendo fuerte hincapié, que las variables antes enunciadas no dependen pura y exclusivamente del aspecto volitivo de las personas, a saber: un sujeto que con la mayor voluntad posible desea estudiar y progresar, no encuentra condiciones optimas de aprobación si debe trabajar más de ocho horas diarias, mantener una familia y no obtiene recursos para adquirir los materiales de estudio necesarios, a comparación de alguien que tiene una familia que puede costear sus estudios para que este no tenga que trabajar y pueda abocarse pura y exclusivamente al estudio.
En este marco, es donde se nos aparece el rol del Estado en tanto dependiendo de la concepción de Justicia a la cual se adhiera, tendrá un rol mayor o menor en la cuestión de la vida de los súbditos. Es por ello que si el Estado se configura como mero garante de las libertades individuales con el principio de libertades negativas, esto es la no interferencia en la esfera individual de los sujetos, la suerte de cada uno recae en sus condiciones y el mayor o menor grado de acierto en sus negocios. Pero por otro lado, si se acepta que las condiciones de partida de los individuos son distintas y es el Estado el garante de compensar o remediar esas falencias, es donde se deben aplicar políticas sociales en pos de buscar un equilibrio social. 
Políticas tales como la Asignación Universal por Hijo o el programa PROGRESAR, denotan claramente un posicionamiento en términos de la Teoría de Rawls, por un lado permitiendo el goce de Derechos básicos, en estos casos a condiciones mínimas de subsistencia alimentaria y por otro lado el refuerzo al servicio de escolaridad pública en lo que respecta al brindar mayores posibilidades de egreso. Lógicamente estas políticas son costeadas con la carga tributaria de sectores más acomodados, siendo que en tal sentido, la desigualdad en materia tributaria, se justificada si beneficia a los menos favorecidos por el sistema, esto es mayores cargas tributarias para quienes mayor capacidad contributiva tienen en pos de desarrollar políticas sociales que atiendan las necesidades de los menos favorecidos. 
Podría así mismo objetarse que estas cargas implican sacrificios que no benefician al sector que las sufre, también podría decirse que el Estado sostiene a quienes toman decisiones equivocadas, o bien que el orden de éxito es responde o debiere responder a una lógica meritocratica. Todas son criticas validas que se sitúan en la concepción de Justicia en términos distintos a los esbozados. 
En síntesis, la ideo logia de clase que subyace en nuestras decisiones y posicionamientos en la vida, lo interesante seria pensar: ¿cómo pienso que debería actuar el Estado si mis condiciones de existencia no fueran las que hoy estoy teniendo?  
Sin lugar a dudas, la política es una lucha de intereses, posiblemente entre quienes no quieren ver alteradas sus disposiciones patrimoniales y entre quienes abogan por que sus necesidades humanas sean atendidas. 
Las disposiciones legales en el marco de la adhesión de nuestra nación a distintos Tratados  Internacionales, obliga al Estado a la atención de necesidades sociales, pero vale aclarar que las mismas no se resuelven con la mera potencialidad de acceder al servicio, esto es, a modo de ejemplo, ofrecer un servicio tarifado que restringe el universo de individuos capaces de acceder, sino ofrecer la atención a quienes verdaderamente necesitan de la atención de su necesidad por carecer de medios para hacerlo. Sin realizar un tratamiento igualitario ni velando por el mayor beneficio para el mayor numero, ya que esto significaría, en los términos analizados, un sacrificio de grupos en condiciones de desventaja, que sería sinónimo de sacrificar a los más vulnerables (ver fallo 
 Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo en http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarDocumento&falloId=5878)
Es así como pensar el rol del Estado demarca las obligaciones de este y los términos en los que deben pensarse el concepto de Justicia, entonces según surge de la lectura, 
¿qué rol debería tener el Estado en el marco de las políticas sociales?  

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