La discusión en torno al fenómeno
energético en el país da que hablar día tras día. Son conocidas las
disposiciones del Gobierno en lo que respecta a las subas de precio de las
tarifas y la respuesta de la Justicia (aunque resta esperar la última palabra que
la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación), pero el objetivo de este
escrito es analizar el discurso que busca legitimar estas medidas impulsadas.
Los discursos, tanto del Presidente
de la Nación como el del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, son claves para entender el verdadero objetivo de la ejecución de un
proyecto no tan sincero como busca expresarse.
El proceso de “sinceramiento” de las
políticas nacionales es el “eslogan” que acompaña cada una de las medidas implementadas
que, causando un gran impacto en los estratos menos favorecidos, se escabulle
en lo que sería un “proceso” necesario para “poder estar mejor”.
El aumento de las tarifas de
servicios básicos sumado a la quita de subsidios conformaron un “coctel” de
políticas en desmedro de las clases menos favorecidas, más aun considerando las
medidas irrazonables de quita de retenciones en las importaciones de
determinados sectores que podrían resultar como solución para mantener los
subsidios de esto rubros. En tenor a esto, el Gobierno Nacional debió dar
respuestas a los reclamos, y lo hizo en función a la “racionalización” del
consumo. Con ello, se invita o solicita a los usuarios a consumir menos
energía, de esta forma, no solo se vería reducidas las tarifas de los hogares
sino que también se contemplaría un principio ambientalista de la medida que
cause menor impacto en el medio ambiente.
Frases como “…la gente andaba de
remera porque era prácticamente gratis el servicio (de gas)…” de Rogelio
Frigerio, o la reciente “…si en invierno estas en remera y en patas estas
consumiendo energía de más…” de Mauricio Macri, surgen como pobres apologías a
la reducción de consumo de servicios, intentando justificar que el aumento de
tarifas sirve a la causa como “forma de corregir la conducta” de los usuarios.
Lo cierto, a mi entender, es que
bajo este velo de “racionalización” y “sinceramiento” se esconde un discurso
legitimante del gasto público que reduce al Estado a su función más elemental,
y cuando hablo de elemental refiero a mediador del mercado, abandonando mandas
fundamentales en función a las políticas sociales (contempladas por cierto en
nuestra Carta Magna, pero olvidadas al parecer por esta corriente ideológica:
ver fallo Q.C., S.Y c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo).
En este sentido entiendo
desafortunada la medida, ya que en verdad esconde objetivos distintos a los que
pronuncia; pero, aun entendiendo que refiriese a un fin noble, no es la forma
adecuada de implementación, en tanto la norma como medio de adecuación de
conducta no resulta idóneo, siendo que la educación se confiere como la forma pertinente
de alcance de tal fin. Por otra parte, un servicio básico y elemental como
resulta el gas o la electricidad, no puede ser objeto de “prueba” de estas
medidas en tanto puede suponer un menoscabo en el derecho de acceso a los
servicios básicos.
Existen ejemplos de “desaliento al
consumo” en el gravamen al juego o a los cigarrillos con escaso éxito, y que
traigo a colación como ejemplo de medidas normativas que buscaban modificar
conductas.
La realidad es que me parece
peligroso y poco sincero el discurso que utiliza la actual gestión de Gobierno.
¿Y ustedes qué piensan?
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