Polémicas y peligrosas resultan ser las maniobras políticas de un Gobierno que escabulléndose el método de "prueba y error" aplica un significativo recorte en materia social al pueblo.
El famoso "estamos aprendiendo sobre la marcha" o las maniobras de vuelta atrás luego de evaluar el disgusto de la opinión pública luego de la aplicación de una medida, resultan ser formas repudiables de manejo de la Administración Pública.
La "mala praxis" política se torna una constante en las decisiones de un modelo de Estado que poco convence a la hora de intentar fundamentar las maniobras de recorte que nos han llevado a una preocupante desigualdad social.
Recientemente desayunamos con la noticia de que era ya un hecho la quita y recorte de pensiones por discapacidad para lo cual, lógicamente, era de esperarse una respuesta de los responsables políticos de la Administración Pública. Pero poco feliz resultó ser el fundamento esbozado. Consideremos en primer término que, bajo el velo de "hacer cumplir la ley", se aplicó un viejo decreto que data de 1997 en donde se estipulan una serie de requisitos para ser beneficiario de las pensiones en casos de sufrir una discapacidad.
Bajo el precepto de evitar la "viveza criolla" y que desaparezcan los "vividores del Estado", alegando que la gestión anterior hizo entrega de una cantidad exorbitante de beneficios a quienes no debía, se dieron de baja Derechos ya adquiridos en desmedro de disposiciones Constitucionales dando una clara muestra de inequidad social.
Es claro que ninguna medida política puede ser pensada más para "evitar el aprovechamiento de los vivos" que para ayudar a los más necesitados. Más aún si consideramos el monto de las pensiones que, lejos de ser una solución para muchas familias y personas, al menos significa un aporte de necesidad que el Estado ofrecía en consideración al carácter adverso que la realidad social les está representando (léase falta de oportunidades laborales, falta de adecuación de los medios de transporte, de la atención médica hospitalaria, etc.).
Como algunos funcionarios de la actual gestión dijeron "Una persona con síndrome de Down no debe recibir la pensión; puede trabajar", sin embargo la realidad es que las oportunidades de capacitación laboral y de ingreso y permanencia al mercado laboral son muy limitados.
Para finalizar, desearía resaltar la falta de congruencia de una cúpula gubernamental que intentando palear un déficit fiscal, por un lado quita el impuesto a los autos de alta gama y por otro, priva a muchas personas que sufren una discapacidad de acceder a un monto mínimo que les ayude a costear sus necesarios gastos.
Una vez más entonces el Gobierno actúa en atropello a los Derechos del pueblo, pero no importa, porque si pasa, pasa...
Una vez más entonces el Gobierno actúa en atropello a los Derechos del pueblo, pero no importa, porque si pasa, pasa...
¿USTED QUÉ PIENSA?
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